Si bien son congruentes con su condición de autócrata vitalicio, las palabras del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que en los últimos días dijo que “aquí no volverá a haber elecciones”, no dejan de causar enojo y no poca desazón. Nuestro continente sigue así, lastimado y anacrónico por culpa de quienes no respetan al sistema democrático ni los derechos humanos.
En su actual turno Ortega comparte como copresidente el cargo con su esposa, Rosario Murillo, fundadores ambos de un clan familiar integrado por ocho hijos que manejan canales de televisión, otros medios de comunicación, empresas de energía y de hidrocarburos, así como la economía minera mediante un grupo de empresas familiares amparadas por el Estado.
Desde luego que fue mayoritaria en el mundo la impresión de que, lo que Ortega busca en profundidad, una vez más, es impedir un eventual triunfo de la oposición política y eternizar a su clan en el poder. Se asegura que su hijo primogénito, Laureano Ortega Murillo, podría ser su sucesor.
Sin respetar disensos, deteniendo en los meses previos a las elecciones a políticos opositores, como ocurrió con Cristina Chamorro en 2021 a la que mandó encarcelar junto a otros candidatos a la Presidencia, Ortega suma en su silla treinta años como presidente, diecinueve de ellos en este último turno.
“Ortega enterró la democracia nicaragüense hace ya mucho tiempo”, declaró Félix Maradiaga, excandidato presidencial en 2021, que fue arrestado, expulsado de la contienda y posteriormente exiliado a Estados Unidos en 2023.
Sin embargo, se afirma desde hace años que la mano tiránica habría llegado mucho más lejos que eso. Distintos organismos internacionales de derechos humanos acusaron también al régimen de Ortega y Murillo de haber ordenado el asesinato de políticos opositores, en episodios que habrían ocurrido tanto en protestas y manifestaciones civiles como mediante ejecuciones selectivas dentro y fuera de Nicaragua.
Debido a estas acciones, tribunales internacionales, así como informes de la ONU concluyeron que en Nicaragua se cometieron desde el poder crímenes de lesa humanidad.
Deslegitimado por organismos internacionales, Ortega también se desacreditó a sí mismo, luego de haber actuado en 1979 en la caída de la dictadura de la Anastasio Somoza y de haber asumido el poder luego del triunfo de la revolución sandinista.
Lo cierto es que ya en funciones de gobierno fue acusado de personalismo, de enriquecimiento personal, de impedir la libertad de opinión y de ejercer un poder familiar sobre las instituciones. Y once años después perdió las elecciones presidenciales de 1990 frente a la fallecida Violeta Barrios de Chamorro. En 2007 regresó electo por las urnas, pero a partir de allí se mantuvo mediante represión y maniobras que apuntaron a sofocar todo disenso.
Fueron muchos los países que ahora condenan las recientes expresiones de Ortega. Entre ellos, el del gobierno de Brasil cuando señaló hace varios días que “recibió con preocupación” el anuncio del presidente de Nicaragua de eliminar las elecciones para impedir que sus adversarios compitan en los comicios.
“La realización de elecciones libres, periódicas, plurales y transparentes es uno de los pilares de la democracia, valor con el que Brasil tiene un profundo compromiso”, dijo el gobierno del presidente Luiz Ignácio Lula da Silva en un comunicado.
Una vez más le toca a la vocación mayoritariamente democrática de Nicaragua resistir en forma pacífica, pero enérgica, a la desmesura dinástica del actual gobierno. Es seguro que contará, como apoyo, con la presión internacional que, junto a la supervisión de organismos de derechos humanos, se podrá ejercer para que sean respetadas la opinión y la voluntad popular en el país hermano.
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