La intención de vecinos de Los Hornos de organizar sus propias guardias y patrullajes para combatir a la ola delictiva que los aflige, se suma a muchos otros reclamos anteriores en la Región por la falta de presencia policial en las calles.
Como se ha dicho el problema no se circunscribe al vecindario de Los Hornos. Existen en distintas zonas y barrios acciones que, en definitiva, apuntan al mismo objetivo, como lo que ocurre con los improvisados sistemas de alarmas instalados por los vecinos para advertirles unos a otros de la presencia de personas o vehículos sospechosos.
En cuanto al problema en Los Hornos, cabe recordar que en diciembre pasado habían segundos en una Asamblea Vecinal advertencia de que ellos mismos deberían actuar de forma directa frente a las seguidillas de delitos que los acosaban. Esas expresiones precipitaron la realización a fin del año pasado de un encuentro con funcionarios del Ministerio de Seguridad.
En estos días volvió aflorar la idea de organizar grupos de vecinos que puedan desplazarse en vehículos para acompañar a quienes llegan a sus casas, permanecer atentos al cierre de los comercios y recorrer las calles durante la noche. La sugerencia aún no se ha llevado a la práctica, pero se analiza a fondo frente a lo que consideran una realidad delictiva que “salió de todo control”.
Debe preocupar que algunos vecinos plantearon incluso de contar con personas armadas, con la correspondiente autorización legal, una eventualidad que deja expuesto el nivel de impotencia que se atraviesa.
La propuesta encuentra distintos grados de aceptación, aún cuando no faltan cuestionamientos y dudas sobre su viabilidad. Lo que sí existe es un punto de coincidencia absoluta en cuando a la convicción de que no pueden seguir viviendo indefensos, a expensas del la acción de los delincuentes.
Lo cierto es que, pese al penoso contexto de inseguridad que sufren los vecinos, corresponde oponerse a todo lo que signifique justicia por mano propia. Se trata en cambio de defender el pleno imperio de la Constitución y las leyes, reclamándole a la Policía que recobre el dominio de la calle, previniendo y reprimiendo toda acción delictiva. No son los particulares, es el Estado el que debe combatir al delito.
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