Hace tres semanas, este diario advirtió sobre la sofocante crisis que atraviesa el comercio platense, asfixiado por el desplome del consumo y una presión fiscal incesante. Los datos recientes confirman la gravedad del diagnóstico: La Plata encabeza el ranking provincial de cierres de locales en un contexto de caída constante en las ventas minoristas.
Tal como se reflejó en nuestra edición de ayer, más de mil comercios formalizaron su baja ante el Municipio desde 2023. Esta cifra posiciona a la capital bonaerense por encima de las principales ciudades de la Provincia, según se desprende del relevamiento elaborado por el Observatorio de Datos Estratégicos.
El fenómeno responde a un retroceso prolongado en la actividad. Semanas atrás, la Encuesta de Comercio de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata reveló una contracción interanual del 14,7% en las ventas minoristas, acumulando un ciclo de 14 trimestres consecutivos en terreno negativo. En la misma línea, un estudio de la organización civil FundPlata sobre 4.739 establecimientos detectó que 451 de ellos —casi el 9,5% del total— se encuentran cerrados definitivamente o en alquiler.
Este escenario local se enmarca en un deterioro de alcance provincial. La Unión Industrial Bonaerense contabilizó el cierre de 1.306 unidades productivas entre 2023 y mayo de 2026. Paralelamente, registros del Ministerio de Economía provincial dieron cuenta de 5.335 empresas que cesaron sus operaciones entre 2023 y septiembre de 2025, mientras que estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elevan esa cifra a más de 6.200 pymes en el mismo período.
Entre los factores determinantes convergen la retracción del poder adquisitivo, el encarecimiento de los alquileres y los costos fijos —servicios públicos, salarios y logística—, cuadro que liquida los márgenes de rentabilidad.
Frente a un diagnóstico contundente y respaldado por la realidad cotidiana, lo que sigue ausente son políticas públicas que estimulen el sector productivo en lugar de deprimirlo. La falta de crédito accesible, la desproporcionada presión impositiva y el rigor de multas e embargos castigan, paradójicamente, a quienes generan empleo y dinamizan la economía local.
Pese a este contexto adverso, los sectores del comercio, la industria y los servicios continúan articulando esfuerzos para sostenerse y proyectarse. Sin embargo, el esfuerzo privado encuentra un límite claro: para evitar el cierre definitivo de persianas y la pérdida de puestos de trabajo, resulta indispensable que el Estado implemente medidas impositivas y crediticias de fomento, abandonando las lógicas fiscales que terminan jugando en contra del propio entramado productivo.
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