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Precisiones sobre la actividad económica universitaria

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Por Rafael Clark*

“…un periódico debe guardar una escrupulosa precisión, debe ser íntegro, evitando todo aquello que resulte salaz o sugerente, o que de cualquier modo ofenda el buen gusto o menoscabe el temple moral de sus lectores…”. Joseph Pulitzer

Parece oportuno proponer un esfuerzo de precisión alrededor de qué sean las actividades económicas que despliega la Universidad. En efecto, la vidriera irrespetuosa de los cambalaches acostumbra mostrar palabras como “negocios”, “comercial”, “empresarial”, “emprendimientos”,en un conveniente desorden. Es deber de quien quiera comprender un fenómeno, analizar con precisión sus términos para evitar los desaguisados que la vaguedad del lenguaje amenaza. Intentaremos una aproximación a ello, para auxilio de quienes obren de buena fe.

Una de las características de las empresas y sociedades comerciales es el fin de lucro, entendido como la finalidad de distribuir los producidos en forma de dividendos. Veamos entonces, a través de ese prisma conceptual, qué es lo que en realidad hacen las universidades, con qué razones y objetivos.

La sanción, hace más de tres décadas, de la Ley de Educación Superior dio lugar a encendidos debates. Prosperó, a favor de los vientos de entonces, una ley que permitía solapadamente el establecimiento de aranceles, la prestación de servicios a terceros y la asociación con el capital privado. El plan consistía en ahogar en desfinanciamiento a las casas de estudios estatales para favorecer la migración hacia las privadas; pero también para presionar al establecimiento de una cultura universitaria del sálvese quien pueda, adunando al desfinanciamiento dos puertas amplias y tentadoras: el arancel o la procuración del financiamiento que el Estado negaba de manos del capital privado, merced a la asociación o a la concertación de acuerdos de prestación de servicios.

La resistencia de la comunidad universitaria logró advertir de los riesgos que implican las anchas puertas que el privilegio ofrecía con gesto melifluo. Y fue gracias a esa resistencia que, mientras duró aquel fatídico experimento neoconservador, fuimos heroicamente consistentes las universidades en la puerta estrecha.

Pero pudimos aprender a transmutar aquellas trampas de la reacción en herramientas virtuosas para los altos fines de la universidad pública. Aprendieron nuestros científicos a involucrarse directamente en la aplicación de sus saberes y descubrimientos a las necesidades de la sociedad, y que esa conversión del saber en productos y servicios es también parte de los saberes que la universidad debe construir, enseñar y ejercitar. Lo cierto es que el comportamiento tradicional del capital en estas latitudes hizo que sean principalmente los estados quienes, para la consecución de sus fines, encuentran en la actividad económica de las universidades un proveedor de bienes y servicios que no encontrarían en el mercado, por costo, por calidad, y por sofisticación. Esa es la razón por la cual, en estas tres décadas, todos los gobiernos (aún aquellos que dicen no querer tratar con universidades) han sido los principales adquirentes de los bienes y servicios que las universidades elaboran.

Beneficios para el desarrollo humano

¿Cuál es el fin de esos beneficios económicos? No es, naturalmente, el lucro. No existe tal cosa como una distribución de dividendos entre los socios. Porque no de eso se trata la justa e ineludible remuneración por el trabajo personal de quienes estén afectados al proyecto. El destino de los beneficios, por el contrario, es la reinversión en equipamiento, el financiamiento de investigaciones y de instalaciones para el desarrollo universitario.

Ahora bien, esas actividades deben realizarse bajo “las reglas del mercado”, según fue el mandato ideológico de los redactores de la ley de 1995, demagogos de la privatización con la infame falacia de la eficiencia privada. Aciertan en un punto: es absurdo pretender que esos ágiles procesos de fabricación de bienes y prestación de servicios puedan desarrollarse con el pesado aparataje jurídico que gobierna la administración pública. Y allí estuvo el otro ingenioso aprovechamiento de las armas que el privilegio había velado contra nosotros, pero en nuestro favor: allí donde la ley universitaria abrió las puertas para que las universidades constituyan sociedades con el capital privado para dejarse conducir por éste; lo que efectivamente hicimos fue constituir personas jurídicas de derecho civil, bajo el completo y exclusivo control de la Institución, que, prohibiendo todo fin de lucro, permiten ser vehículo jurídico ágil para el desarrollo de tales actividades económicas; sin comprometer el alma de la comunidad universitaria.

No hay “negocios”. Hay acuerdos de colaboración de mutuo beneficio, donde se viene a buscar en la Universidad lo que el capital depredatorio no está interesado en desarrollar. No hay “numerosísimas empresas o emprendimientos”, hay aplicación y transferencia de conocimiento a las demandas urgentes de la sociedad en fábricas-escuela para que el aula, el laboratorio y la fábrica sean la continuidad de desarrollo solidario que soñaron nuestros próceres.

Haremos bien en recordar los carteles que colgaban en el New York World: “Precisión! Precisión! Precisión!”

* Secretario de Asuntos Jurídicos y Legales de la UNLP

N. de la R.: El principio de respeto por la diversidad de opiniones puede verificarse en eldia.com/educacion, donde se recopilan las publicaciones de este medio sobre todos los niveles de la enseñanza. Este diario es una tribuna abierta para todos y por eso ha perdurado en el tiempo.

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