El Estado dispone de suficientes recursos humanos –ya que puede hablarse de numerosos empleados y funcionarios de los poderes judicial y Ejecutivo– como para darle batalla integral, con intervención de la Policía, al creciente fenómeno del avance del narcotráfico sobre los jóvenes y menores de edad de nuestro país. Sin embargo gran parte de esos recursos humanos permanecen dedicados a otros menesteres burocráticos.
Ese mismo Estado conoce de sobra, desde hace varias décadas, la estrecha relación existente entre el delito y la droga en jóvenes, como fenómeno social. Y lo único que tendría que hacer, pero que no hace, es comprometerse y actuar en la concientización del problema y, también, en su caso, en la identificación y detención de quienes manejan este sórdido negocio.
Sólo bastaría recordar que hace varias décadas los jueces de Menores de La Plata alzaban sus voces para denunciar que en el mayor porcentaje de los delitos graves cometidos por menores y jóvenes, el consumo de droga entre los autores alcanzaba casi al 100 por ciento de los casos. Pero esas voces, luego, desaparecieron y el tema, por diversos motivos, ingresó a la cara oscura de la Luna. No se habló más de eso.
En estos días tomó estado público en La Plata el caso del padre de un joven, al que reconoció entre los sospechosos de un asalto en La Plata. El hombre se presentó en una comisaría y pidió que detengan a su chico. Denunció que su hijo “está perdido en la droga”, que teme que pueda lastimar a alguien y que desde hace tiempo intenta ayudarlo. Sin embargo no hubo reacción institucional alguna hasta ahora. El título de este diario publicado ayer lo dice todo: “Indiferencia, la peor respuesta al flagelo de la droga tras el pedido de un padre desesperado”.
Al margen de que, en estas últimas horas, pueda concretarse alguna reacción por parte del sistema penal, la realidad de estos años se puede traducir en la falta de interés estatal y, obviamente, de respuestas por parte de los sistemas penal y asistencial existentes.
En realidad, la pregunta sería: cuando los padres de un menor de edad que cometió algún delito se hacen cargo del problema pero, al mismo tiempo, admiten que no pueden hacer nada por su hijo -“roba porque no para de drogarse”- ¿cuál es el organismo público que se interesa y toma cartas en el asunto? ¿Es una dependencia del Ejecutivo, es algún organismo de la Justicia? ¿Quién actúa de oficio, sin necesidad de que existan una denuncia previa y un expediente en trámite?
Además de delitos de menor cuantía, se habla también de homicidios, robos a mano armada, violaciones, de hechos gravísimos a los que muchos integrantes de los círculos políticos gravitantes pareciera que no quieren ver. Y en algunos casos, muy lamentables por cierto, se habla de casi niños que usan armas peligrosas, asaltan, hieren y llegan a matar, inducidos la mayor parte de ellos por las drogas.
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