La incidencia en el desarrollo social y económico de los conglomerados urbanos, como el Gran La Plata, de los servicios de distribución de electricidad y agua es indiscutible. En buena parte, son determinantes de la calidad de vida de los habitantes, como han podido tomar conciencia desde hace décadas los habitantes de la Región ante los perjuicios que les causan las deficiencias de ambas prestaciones. Sin embargo, los usuarios nunca han tenido poder sobre las compañías estatales o privadas a cargo de esas funciones. Durante muchos años sufrieron indefensos las vicisitudes a las que fueron sometidos por la empresa estatal de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) cuyas deficiencias en las prestaciones causaron graves perjuicios económicos. La ansiada, por muchos, privatización de ese servicio no produjo los resultados que se esperaban. Los problemas eran tan graves que cuando el diario convocó a una gran asamblea, que debió realizarse en la sala de un cine, decenas de representantes de los más diversos sectores económicos y sociales manifestaron su voluntad de invertir para crear una empresa en la cual los platenses tuvieran poder de decisión.
El Estado vendió al mejor postor, algo más que objetable, las concesiones para prestar el servicio de electricidad en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata. Se crearon de esa manera Edenor, Edesur y Edelap, que hasta generaron una nueva especialidad: los “expertos en conducir compañías en mercados altamente regulados”, profesionales dedicados a obtener ventajas para las nuevas compañías sin prestar mayor atención a la calidad de las prestaciones.
Los usuarios, obligados por el necesario monopolio de la distribución domiciliaria de electricidad y agua, no tuvieron nunca ni voz ni voto en los organismos de control. Las empresas no invirtieron lo necesario para renovar las redes y las deficiencias se repitieron. Es cierto que, como sostienen los directivos de esas empresas, la fijación de tarifas por parte de los gobiernos ha atendido más a las necesidades políticas que a los costos, y según aducen, ni siquiera cubrían lo necesario para el mantenimiento de las redes. También debe apuntarse que recibían la energía de un mayorista al quien no le pagaron durante mucho tiempo. Si bien se crearon organismos estatales que teóricamente auditarían la calidad de las prestaciones, casi siempre sus integrantes cerraron los ojos ante las deficiencias y los perjuicios que sufrían los obligados usuarios. Recientemente el gobierno nacional condonó las deudas de esas empresas para con el ente que los abastecía de la energía, y más aún en la Provincia se decretó que los titulares de esos servicios no sufrirían sanciones ni multas porque habían estado sujetos a la fijación arbitraria del precio de la electricidad.
En el territorio bonaerense son incalculables los perjuicios sufridos por los habitantes y las empresas comerciales o industriales y para obtener algún resarcimiento debieron acudir a los tribunales en los que luego de procesos que demandaban prolongados periodos de tiempo, los pocos que se atrevieron obtuvieron algún resarcimiento. Los organismos de control casi siempre permanecieron ciegos, sordos y mudos, como graficó EL DIA tiempo atrás.
El diario ha insistido repetidamente en la necesidad de que los usuarios participen en esos organismos.
Es la hora de planificar el futuro y para ello es imprescindible que se formule un plan de inversiones para renovar las redes de acuerdo a las exigencias del presente y del futuro inmediato, ya que el cambio climático incidirá decisivamente en el aumento del consumo hogareño, comercial e industrial, además de las demandas de los servicios de salud, la educación y la seguridad.
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