Columnista de la agencia AFP
Detenciones de extranjeros acusados de votar sin tener el derecho y recompensas por denunciar: la administración Trump recurre a medidas drásticas para sembrar dudas antes de las elecciones, en una cruzada que según la oposición demócrata es un intento de intimidación.
El presidente Donald Trump lleva años afirmando, sin pruebas, que cientos de miles de personas que no son estadounidenses votan en estados controlados por los demócratas, lo que alteraría los resultados. En varios estados, como Pensilvania, California o Florida, agentes federales armados han detenido a un puñado de personas acusadas de haber votado en el pasado sin tener la ciudadanía estadounidense.
En Texas, el fiscal federal Aaron Reitz, quien había intentado en vano anular los resultados de las presidenciales en cuatro estados en 2020, se pronunció. “Si violan la ley electoral federal, los perseguiré y los llevaré ante la Justicia”, advirtió en X.
Trump prometió una recompensa de un millón de dólares a “cualquiera que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de medio término de 2026”. El mandatario no ha dado detalles de cómo se financiará o será administrada esta recompensa.
DETENCIONES
En California, la semana pasada se llevaron a cabo 28 detenciones, en casos que se remontan hasta el año 2002. Estos arrestos “demuestran lo que hemos estado diciendo desde el principio”, insistió el fiscal federal adjunto Bill Essayli en una conferencia de prensa. “California envía boletas electorales a personas que no son ciudadanas y se niega a cumplir con la ley federal, que tipifica como delito el voto de quienes no son ciudadanos”, insistió.
Al igual que muchos demócratas, Janice Hahn, miembro del consejo municipal de Los Ángeles, denunció “una intimidación a los votantes y un intento flagrante de socavar la confianza en nuestras elecciones de mitad de mandato”. Estas detenciones “se están utilizando para dar la impresión de que existe un fraude electoral generalizado, cuando sabemos que no es así”, agregó.
En los últimos meses, la administración de Trump ha afirmado que California contaba con 190.000 votantes “ilegales” en sus registros.
Posteriormente, revisó drásticamente esa cifra a la baja, a 20.000 personas, y solicitó a la Justicia que ordene la incautación de sus papeletas de voto, a pocos días de la votación. Una lista muy cuestionada por las autoridades locales, quienes también se sorprenden por el momento en que se presenta este procedimiento judicial.
Numerosos estudios han demostrado que los casos de fraude electoral son muy poco frecuentes en Estados Unidos. The New York Times analizó recientemente una base de datos del centro de estudios conservador The Heritage Foundation, que solo registra 100 casos de personas que votaron entre 1982 y 2025 sin ser ciudadanos estadounidenses. “Esto representa aproximadamente el 0,000008% de los más de 1.300 millones de votos emitidos en las elecciones presidenciales durante ese período”, señaló el diario.
MIEDO ENTRE LOS VOTANTES
La administración de Trump está llevando a cabo “una persecución agresiva contra este tipo de fraude a nivel nacional”, señaló Rick Hasen, profesor de derecho en la Universidad UCLA, en una reciente entrada de blog. “No es de extrañar que hayan encontrado pocos casos, ya que se trata de un problema limitado”.
La campaña mediática del gobierno genera inquietud en algunos votantes. En Los Ángeles, un ciudadano estadounidense originario de Guatemala declaró de forma anónima a la AFP que no se sentía tranquilo. “Están deteniendo a personas que tienen visas o la ciudadanía”, se quejó. “Incluso alguien que se ha convertido en ciudadano puede tener problemas. Con este presidente, nunca se sabe”.
Las asociaciones de defensa de los derechos civiles intentan reaccionar con iniciativas como “Vote Safe” (Voto Seguro). Esta campaña envía a miembros del clero, veteranos de guerra, maestros y otros voluntarios a los centros de votación para que expliquen sus derechos a los votantes, medien en caso de conflictos y documenten si se producen intimidaciones.
“El miedo es el objetivo, y debemos actuar”, afirma Mary Corcoran, directora del Save America Movement. “Si no se le enfrenta, basta con el miedo para que la gente se quede en casa sin que un solo agente tenga que poner un pie en un centro de votación”, refirió.
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