La muerte de un anestesiólogo en la Ciudad de Buenos Aires destapó un escándalo que sacude al sistema de salud: un presunto circuito ilegal de uso recreativo de drogas hospitalarias en fiestas privadas. El caso se conoció tras el hallazgo sin vida de Alejandro Zalazar, profesional vinculado al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, quien falleció en su domicilio como consecuencia de una sobredosis de propofol y fentanilo, dos potentes anestésicos de uso estrictamente médico.
A partir de ese episodio, se abrió una investigación que rápidamente puso el foco en el origen de esas sustancias. Según se pudo reconstruir, los fármacos habrían sido sustraídos del Hospital Italiano de Buenos Aires, lo que derivó en un sumario interno y en la identificación de al menos dos profesionales del área de anestesiología bajo sospecha. Ambos ya fueron indagados por la Justicia, que además les impuso la prohibición de salir del país mientras avanza la causa.
En paralelo, comenzaron a surgir testimonios y audios que hablan de encuentros informales conocidos en el ambiente como “Propo Fest”, donde médicos y residentes consumían anestésicos fuera del ámbito sanitario. Estas prácticas -que expondrían una grave falla en los controles dentro del sistema de salud-, y siempre bajo investigación, incluían el uso de bombas de infusión y la presencia de personas encargadas de asistir ante posibles episodios de apnea, una grave depresión respiratoria que puede resultar fatal.
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