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A más de 65 km/h: las claves del juicio por la tragedia vial de Ruta 11

Los peritos accidentológicos establecieron que el conductor del Toyota Corolla circulaba por encima del límite legal. Además no frenó antes de embestir a Cristina Figueroa y su hija Wendy
Cristina Figueroa (35) y su hija Wendy Aylén Gramajo (7), las víctimas
El auto que participó del accidente y, de fondo, el operativo / EL DIA

Por Redacción

La segunda audiencia del juicio por la muerte de Cristina Figueroa, de 35 años, y su hija Wendy Ailén Gramajo, de 7, dejó nuevos elementos sobre la mecánica del siniestro vial ocurrido en junio de 2023 en Ruta 11 y 609, en La Plata. Con la producción de la prueba prácticamente concluida, el debate ingresó en su tramo final y ya tiene una fecha estimada para los alegatos, que podrían realizarse entre el 17 y el 18 de noviembre.

El proceso tiene como imputado a Cristian Ricardo Bellinteni, quien conducía el Toyota Corolla que embistió a las víctimas cuando intentaban cruzar la intersección para dirigirse a tomar el micro que las llevaría a la Escuela N° 7, en Barrio Hipódromo. El debate se desarrolla ante el Juzgado Correccional N° 3 de La Plata, a cargo de la jueza Ana Belén Piccone.

Uno de los aspectos centrales que atravesó las audiencias fue la velocidad del vehículo al momento del impacto. Según las pericias accidentológicas incorporadas al expediente, el automóvil circulaba a una velocidad mínima de 65,42 kilómetros por hora. Además, los especialistas no detectaron huellas de frenado previas ni maniobras que permitieran establecer que el conductor hubiera intentado evitar el atropellamiento.

La cuestión no es menor para la acusación, ya que el hecho se produjo en una intersección de Ruta 11 y calle 609, cuya condición de zona urbana también forma parte de la discusión judicial. De acuerdo con la reconstrucción sostenida por los particulares damnificados, en ese sector regía una velocidad máxima de 60 k/h.

Durante las audiencias también declararon especialistas que intervinieron en los relevamientos y estudios accidentológicos, además del perito presentado por la defensa, que expuso su propia interpretación sobre la trayectoria del automóvil y la mecánica del impacto. Las conclusiones de ese informe fueron cuestionadas por la representación de la familia.

La reconstrucción del caso estableció, además, que los cuerpos de Cristina y Wendy quedaron a unos 25 metros del punto de impacto, mientras que el Corolla se detuvo aproximadamente 65 metros más adelante. Las autopsias indicaron que la mujer murió por un shock traumático e hipovolémico y que su hija sufrió un traumatismo craneoencefálico grave.

Una prueba pendiente

Aunque la etapa probatoria quedó prácticamente cerrada, todavía resta incorporar por lectura un informe vinculado con las características viales del sector donde ocurrió el siniestro. Se trata de una prueba que apunta a establecer las condiciones de la traza y, particularmente, a aportar elementos a la discusión sobre si el lugar debe ser considerado una zona urbana.

Ese punto tendrá relevancia al momento de evaluar la conducta atribuida a Bellinteni. Desde la representación de los particulares damnificados sostienen que el conductor circulaba a más de 66 kilómetros por hora al aproximarse a la intersección y que ese exceso debe ser analizado en función de las características del lugar y de la velocidad permitida.

La incorporación de ese último elemento es el paso que falta antes de que las partes expongan sus conclusiones.

La discusión sobre la calificación legal había quedado expuesta durante la primera audiencia. La causa llegó a juicio bajo la figura de doble homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor y por la pluralidad de víctimas, contemplada en el artículo 84 bis del Código Penal.

Sin embargo, dentro del bloque acusador existen diferencias. Según fuentes judiciales, la fiscal Silvina Langone sostendría una postura menos gravosa, con un pedido de pena de ejecución condicional, mientras que los particulares damnificados buscarán que se mantenga la figura agravada y reclamarán una sanción de cumplimiento efectivo. Para esta última calificación, la expectativa de pena se ubica entre los tres y los seis años de prisión.

Los padres de Cristina y abuelos de Wendy participan del proceso como particulares damnificados, representados por el abogado Matías Pietra Sanz. Fueron ellos quienes rechazaron una propuesta económica que contemplaba una salida alternativa para cerrar el expediente penal y decidieron continuar hasta el juicio oral. Bellinteni, empleado de una aseguradora, cuenta con la defensa del abogado Carlos Nosenzo.

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