Interpol lanzó el Alerta Morada con el objetivo de recabar información respecto a la organización desbaratada que está acusada de reclutar personas para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia.
Este fin de semana una mujer fue detenida en Tigre, mientras continúa la investigación para dar con su pareja, quien se habría dado a la fuga a Brasil días antes de operativo.
La investigación comenzó en marzo de este año luego de que integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaran inconsistencias en los relatos de cuatro hombres que estaban en la zona de pre embarque del Aeropuerto de Ezeiza y se dirigían a Ucrania.
Según señalaron desde la PSA, ninguno de los involucrados sabía quién les había comprado los pasajes, quién los recibiría en Europa ni podían explicar cuáles eran las tareas que iban a desempeñar. Tampoco tenían boletos de regreso ni dinero suficiente para afrontar la estadía.
Con el avance de la investigación, se pudo reconstruir que los cuatro habían sido reclutados a través de plataformas web para “luchar” en el conflicto armado que atraviesa Ucrania por un salario cercano a los 3.000 dólares, aunque nunca llegaron a firmar el contrato que lo estipulara.
Dentro de la causa se investiga la captación y traslado de civiles (entre los que se identificaron a ex militares y ex integrantes de fuerzas de seguridad) mediante la utilización de redes sociales, en las cuales ofrecían incorporarse al ejército ucraniano durante un periodo aproximado de seis meses a tres años, a cambio de un salario.
Las supuestas condiciones contractuales no podían ser reveladas por razones de seguridad, por lo que les brindaban un contrato redactado en idioma ucraniano que contenía las actividades ajenas al ámbito militar que desarrollarían en el país extranjero. Además, les impartían instrucciones a los ciudadanos acerca de la versión que debían brindar en el aeropuerto a personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria o de la compañía aérea ante el eventual caso de ser consultados sobre el motivo del viaje.
Tras un pedido realizado por la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Sergio Mola, en forma conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora dispuso un allanamiento y la detención de la mujer investigada por formar parte de la organización.
En el operativo que llevó adelante durante el fin de semana en Tigre, la Policía detuvo a la mujer, quien se supo había sido policía de la Bonaerense. El juez Luis Armella indagará a la mujer por el delito de trata de personas, mientras se analiza el material incautado por la fuerza durante el procedimiento.
Alerta Morada de Interpol
En abril de este año, los fiscales Colombo y Mángano habían puesto en conocimiento a la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) de las posibles maniobras de captación y traslado de ciudadanos argentinos hacia Ucrania para intervenir en el conflicto armado entre ese país y Rusia.
Las autoridades explicaron que el fenómeno presentaba “indicios de organización estructurada y transnacional, con intervención de reclutadores locales que seleccionan perfiles, coordinan contingentes grupales y gestionan reservas de viaje bajo modalidad solo de ida hacia países limítrofes del conflicto bélico”.
La dinámica observada, que incluiría la captación mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, promesas de retribuciones económicas, cobertura de gastos de traslado, incumplimiento de las condiciones prometidas por los reclutadores y la intervención activa de las presuntas víctimas en el conflicto armado, “podría configurar supuestos de trata de personas con fines de explotación laboral o servidumbre, especialmente bajo esquemas de endeudamiento o coerción en contexto de conflicto armado”, explicaron.
En ese marco, en julio de 2026, INTERPOL lanzó una notificación Morada, que se utiliza para buscar o facilitar información sobre modus operandi, objetos, dispositivos y métodos de ocultación utilizados por los delincuentes.
Allí, el Grupo Investigativo Contra los Delitos Sexuales y la Familia de Bogotá, Colombia, detectó una modalidad de reclutamiento de jóvenes con el objetivo de que fueran trasladados, mediante ofertas laborales engañosas, hacia las zonas de conflicto armado en Europa.
Se estableció que, una vez en destino, “las víctimas son sometidas a la retención y control mediante confiscación de documentos, aislamiento y deudas ficticias, por lo que son obligadas a participar en actividades de combate en conflictos armados”.
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