El juez federal Ariel Lijo ordenó 20 medidas de prueba para investigar al presidente de la AFA y titular del CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión fue tomada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien imputó al dirigente y solicitó reconstruir su evolución patrimonial, financiera y fiscal.
La causa se originó en una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostuvo que el patrimonio de Tapia registró un incremento cercano al 1.000% entre 2017 y 2024 y planteó dudas sobre la correspondencia entre ese crecimiento y los ingresos declarados. Esas afirmaciones forman parte de la denuncia y ahora deberán ser verificadas mediante la prueba ordenada por la Justicia.
Entre las medidas dispuestas por Lijo figura el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero. ARCA deberá aportar información sobre declaraciones de Ganancias y Bienes Personales, bienes, cuentas, facturación, pasivos, participaciones societarias y activos en el país y el exterior. El BCRA, por su parte, deberá relevar las cuentas, depósitos, préstamos, tarjetas, cajas de seguridad y operaciones cambiarias vinculadas con Tapia.
La investigación también alcanzará a billeteras virtuales y plataformas de criptomonedas. La CNV deberá requerir información a los proveedores de servicios de activos virtuales y el expediente incluye pedidos a distintas plataformas para determinar si Tapia tuvo cuentas, operaciones, saldos o transferencias. También fueron requeridos datos a compañías de tarjetas de crédito, remesadoras y otros operadores financieros.
Otro tramo de la pesquisa apunta al patrimonio registrable. El juez pidió informes sobre inmuebles, automotores, buques, aeronaves y sociedades, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia y otras jurisdicciones. Migraciones deberá informar los ingresos y egresos del país, mientras que la UIF deberá comunicar si existen reportes de operaciones sospechosas u otros antecedentes vinculados con el dirigente.
El CEAMSE deberá entregar el legajo personal de Tapia, sus declaraciones juradas y el detalle de los ingresos que percibió durante su paso por el organismo. Tapia integró el directorio del ente y posteriormente asumió la presidencia en representación de la Provincia de Buenos Aires. El cargo en el CEAMSE es uno de los principales puntos sobre los que se concentra la investigación.
También se solicitó información a la CONMEBOL, mediante un exhorto internacional a Paraguay. La Justicia busca conocer los cargos ocupados por Tapia, las resoluciones de designación, los períodos, los ingresos percibidos y las cuentas bancarias utilizadas para realizar los pagos.
La evolución de sus declaraciones juradas es uno de los elementos centrales del expediente. Según la denuncia, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades valuadas fiscalmente en unos $17 millones, un vehículo y alrededor de $1,5 millones en efectivo. Para 2024, en cambio, consignó más de $1.002 millones en depósitos bancarios, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en cajas de ahorro.
En la declaración presentada en julio de 2025 apareció otra diferencia que ahora será analizada. Tapia había consignado no tener dinero en efectivo ni depósitos bancarios, aunque declaró haber obtenido unos $130 millones por rendimientos financieros, intereses de plazos fijos y diferencias de cambio.
Días antes de que Pollicita lo imputara formalmente, Tapia presentó una declaración jurada rectificativa ante la Provincia de Buenos Aires. Allí incorporó $984,3 millones entre efectivo y depósitos bancarios, por lo que el patrimonio total declarado pasó de $49,4 millones a $1.033,6 millones. La rectificación incluyó $39,5 millones en efectivo y tres cuentas bancarias, una de ellas nominada en moneda extranjera con US$250.000. En esa presentación también aparecen siete inmuebles, entre otras acreencias.
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