La querella que representa a Marta Ramallo, madre de Johana Ramallo, pidió ante la Justicia Federal de La Plata el procesamiento y la inmediata detención de un policía bonaerense al que la mujer señaló durante el juicio por la desaparición y muerte de su hija.
Se trata de Rubén Darío Gauna, un efectivo que actualmente cumple funciones en una comisaría de La Plata y a quien Ramallo identificó durante una audiencia realizada el 25 de septiembre como el hombre que, según su relato, la habría amenazado y amedrentado con un arma de fuego.
El pedido fue presentado por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, luego de que el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de La Plata remitiera las actuaciones al juzgado de instrucción. En esa misma audiencia se dispuso una restricción perimetral y una prohibición de contacto entre Gauna y Ramallo.
Entre las medidas solicitadas, la querella pidió el allanamiento de la comisaría Novena de La Plata para secuestrar los libros de guardia y determinar qué efectivos prestaron servicio en esa dependencia el 26 de julio de 2017, cuando desapareció Johana, y el 24 de febrero de 2020.
Según la presentación judicial, la conducta que se le atribuye al policía podría constituir el delito de coacción agravada por el uso de un arma de fuego, en concurso ideal con encubrimiento agravado por su condición de funcionario policial. La calificación fue planteada por los abogados de la querella y deberá ser evaluada por la Justicia.
Además, solicitaron el secuestro y peritaje del teléfono celular de Gauna, un entrecruzamiento de llamadas, informes al Ministerio de Seguridad bonaerense sobre sus antecedentes y ficha policial, registros del sistema 911 y datos vinculados con la geolocalización de patrulleros.
La querella también pidió que Marta Ramallo vuelva a declarar ante la Justicia. Según sus abogados, la mujer no había podido brindar anteriormente su testimonio sobre las amenazas debido al temor generado por la situación.
Johana Ramallo desapareció el 26 de julio de 2017 en La Plata. Su cuerpo fue identificado casi dos años después y el caso derivó en una investigación federal por delitos vinculados con la trata de personas.
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