La Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia que condenó a un abogado apoderado al pago de daño moral por la suma de $4.000.000 para cada uno de sus clientes, al haber dejado prescribir la acción de mala praxis médica que le habían encomendado tras la muerte de su hija recién nacida.
El órgano rechazó tanto el recurso de los actores (que pretendían pérdida de chance y daño psicológico) como el del letrado demandado (que cuestionaba la existencia de responsabilidad y el reconocimiento del daño moral).
El fallo sin dudas constituye un precedente relevante en materia de responsabilidad profesional del abogado, deber de información, buena fe contractual y cuantificación del daño moral derivado del incumplimiento del mandato.
En 2009, N.C. y C.P. perdieron a su hija, nacida el 28 de mayo de 2009 y fallecida 6 días después. Atribuían la muerte a una deficiente atención médica, tanto en el embarazo (especialmente el primer trimestre) como en el parto y posparto.
Por eso, el 8 de julio de 2009 otorgaron poder general para juicios a Pablo Enrique Medina. Con su patrocinio formularon denuncia penal el 6 de agosto de 2009. El 9 de septiembre de 2010 promovieron beneficio de litigar sin gastos, que fue concedido el 19 de agosto de 2012. Pese a ello, el letrado nunca interpuso la demanda de daños y perjuicios a los médicos.
Según la resolución a la que accedió este diario, la causa penal fue archivada el 29 de abril de 2014, luego de que el Ministerio Público Fiscal, con respaldo en las pericias médicas, concluyera que no correspondía responsabilizar al personal médico interviniente.
Los padres demandaron entonces al abogado por responsabilidad profesional.
Por este caso, la jueza de grado Silvina Cairo, del Juzgado Civil y Comercial Nº 10 de La Plata, hizo lugar parcialmente a la demanda. Condenó al doctor Medina a pagar $8.000.000 ($4.000.000 a cada actor) en concepto de daño moral. Rechazó la pérdida de chance y el daño psicológico reclamados por la señora Castillo.
La omisión del deber de informar es la clave del fallo, que constituye un precedente
También declaró la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, siguiendo la doctrina legal de la SCBA en el precedente “Barrios” (C. 124.096), por afectación del derecho de propiedad ante el envilecimiento del dinero. Dispuso un interés puro del 6 por ciento anual desde la fecha del poder hasta la determinación del monto indemnizatorio y, a partir del día siguiente, el 6 por ciento anual más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) hasta el efectivo pago, sin capitalización. Ambas partes apelaron.
En la instancia de revisión, con los votos de Federico Guillermo García Ceppi e Irene Hooft, se expresó que el abogado no está obligado a obtener un resultado favorable, pero sí a actuar con prudencia, diligencia y lealtad, a analizar realísticamente las fortalezas y debilidades del caso, a efectuar un juicio de predictibilidad y a informar ese diagnóstico al cliente para que éste pueda decidir.
El caso ilustra, en definitiva, las consecuencias de una gestión profesional que, aún sin dolo, se aparta de los deberes éticos y contractuales de lealtad e información hacia el cliente.
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