Lo que pasó ayer en un barrio de Los Hornos fue una muestra más de la anomia y la violencia que atraviesan la Ciudad: un operativo judicial, que debía contar con el auxilio de la fuerza pública para garantizar que un grupo de vecinos pudiera terminar de alambrar su terreno en ejercicio del derecho de propiedad, terminó chocando con una realidad mucho más compleja, con destrozos, insultos y amenazas por parte de varios jóvenes que salieron en defensa de una canchita de fútbol.
El incidente se registró durante la mañana en 142 bis entre 58 y 59, cuando los integrantes de la sociedad civil “Propietarios V E 5° Barrio Parque Los Hornos” intentaban culminar el cierre del perímetro del lote 9. Para ello contaban con la autorización del juez Alfredo Aníbal Villata, quien había ordenado el cese de la medida cautelar que impedía avanzar con la obra.
En dicha resolución, el magistrado -subrogante del Juzgado Civil y Comercial Nº 25- dispuso “(...) el levantamiento de la medida cautelar (...) únicamente respecto del Complejo Habitacional Propietarios V E 5° Barrio Parque Los Hornos, con relación a las obras adicionales, alambrados, y postes para cerrar el espacio, para lo cual, ordénase la colocación de fajas de seguridad, a cuyo fin líbrese el mandamiento del caso, en todos aquellos espacios del complejo Barrio Parque Los Hornos V E 5°, donde la Sindicatura advierta la existencia de obras adicionales, alambrados, postes para cerrar el espacio, a fin de dar publicidad del levantamiento aquí dispuesto, únicamente, insisto, en la parcela 9”.
También ordenó que “la diligencia deberá realizarse con carácter urgente, con habilitación de días y horas inhábiles y con auxilio de la fuerza pública, a fin de preservar la integridad de la Síndico y del Oficial de Justicia”.
Sin embargo, pese a la presencia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal, la situación comenzó a escalar cuando varios jóvenes irrumpieron en la escena y se opusieron al cerramiento. El episodio derivó en destrozos sobre el vallado, insultos y momentos de tensión.
Las imágenes del suceso, que se difundieron rápidamente a través de distintas plataformas virtuales, mostraron la dimensión del conflicto y volvieron a poner sobre la mesa una problemática que se repite en distintos sectores de La Plata: qué ocurre cuando una resolución judicial encuentra, en el territorio, resistencia por fuera de los canales institucionales.
Los vecinos tienen una orden judicial para vallar un lote, pero la medida no se pudo cumplir
No fue, en definitiva, la discusión sobre una cuestión de límites la que terminó imponiéndose durante buena parte de la jornada, sino la confrontación. Y frente a ella quedó expuesta una autoridad que, al menos durante el episodio, tuvo dificultades para garantizar que una decisión judicial pudiera cumplirse en los términos en que había sido ordenada.
Según explicaron los vecinos, la oposición al alambrado estaría vinculada con el uso de parte del terreno como una canchita de fútbol. El problema planteado por los propietarios es que ese espacio se encuentra dentro del lote sobre el cual la Justicia autorizó avanzar con el cerramiento.
La situación, además, no es nueva. El conflicto por ese sector del barrio arrastra capítulos anteriores, en una disputa que enfrenta a quienes reclaman el derecho a disponer de su terreno con quienes utilizan ese espacio para jugar al fútbol.
Los vecinos aseguran estar desesperados y temen que, ante lo ocurrido, vuelva a frustrarse la posibilidad de concretar el proyecto que vienen impulsando para contar con un espacio verde y de recreación. Por eso reclaman que se adopten medidas que permitan garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por la Justicia.
El conflicto asoma de difícil resolución, especialmente cuando una disputa por el uso de un inmueble termina trasladándose al terreno de la confrontación.
Según trascendidos aportados por vecinos, algunos de los adolescentes que participaron de los incidentes serían familiares de personas vinculadas al denominado grupo de “Los Horneros”, mencionado históricamente en relación con el caso del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, ocurrido en 1997.
En medio del caos, los vecinos le contaron a este diario que uno de los responsables del procedimiento recomendó no avanzar con el alambrado del lote 9 y adujo cuestiones de seguridad.
La situación generó sorpresa entre los propietarios, que se preguntaron por qué, si existía una resolución judicial que habilitaba el cerramiento, finalmente se optó por frenar la obra.
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