Un nuevo foco de malestar social se desató en La Plata en torno a los beneficios otorgados a presos por delitos graves. Mariano Hernán Cianis, un ex oficial mayor de la Policía condenado en juicio abreviado en 2019 a la pena de 15 años de cárcel por abusar de la hija de su pareja, obtuvo una autorización judicial para salir de la Unidad N° 1 de Lisandro Olmos con fines educativos y causó indignación, no solo en la familia de la víctima, que lo acaba de denunciar por hostigamiento vía mensajes de celular, sino también en toda la comunidad educativa de la Facultad de Derecho de la UNLP.
Según se indicó, el condenado concurrirá el próximo martes a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para rendir el examen final de la materia Derecho Social del Trabajo.
Ante esta situación, la familia y el entorno de la víctima emitieron un desesperado comunicado convocando a una manifestación pacífica en las puertas de la alta casa de estudios (en 48 entre 6 y 7). El acto se desarrollará desde las 08.00 hasta las 14.00 horas.
“Nos convocamos para expresar nuestro rechazo a los privilegios otorgados a personas condenadas por delitos graves contra niños y niñas, y para reclamar una justicia que proteja a las víctimas y escuche a las familias”, señalaron los allegados, quienes además denunciaron que el recluso molesta a la víctima desde el penal a través de otro beneficio: el acceso a un dispositivo móvil.
Por este hecho, hace pocos días la madre de la joven ingresó una denuncia penal y acompañó las capturas del chat.
En concreto, la mujer relató que Cianis le escribió a su hija: “Hola (...), Hola (...). Soy Mariano. Necesito comunicarme con vos aunque sea de esta forma. Para pedirte perdón!! Por todo el mal que te hice y por todo el daño que te causé. Lo siento mucho!! Espero que vos estés bien y seas feliz”.
“Ojalá puedas ablandar tu corazón y me puedas perdonarme algún día”, fue otro de los mensajes.
El caso tomó notoriedad tras la denuncia realizada por la víctima en 2014, que en ese entonces tenía 17 años.
En ese marco, rompió el silencio y denunció que Cianis la había violado de manera reiterada desde que tenía 5 años, aprovechando el vínculo que construyó al formar pareja con la madre de la menor.
Tras la denuncia, el exoficial se dio a la fuga y permaneció prófugo en Brasil durante dos años.
La Justicia logró rastrear su paradero en 2016 luego de interceptar un envío de dinero que intentó realizar, lo que derivó en su captura internacional bajo una orden emitida por la jueza Marcela Garmendia.
En 2019, como se dijo, la Justicia platense lo sentenció a 15 años de prisión, luego de validar un acuerdo en juicio abreviado, una pena que vence formalmente el 5 de julio de 2031.
Por eso la indignación es el denominador común entre la familia y los estudiantes de Derecho, que tomaron nota de lo sucedido.
En la sentencia se dio por acreditado que en distintas locaciones particulares, en las oficinas de la Delegación de Administración de la Procuración General con sede en el Departamento Judicial Quilmes, dentro de un auto y en hoteles alojamiento, “una persona de sexo masculino quien la reconociera legalmente como su hija, quien por ende ejercía plenamente la patria potestad, encontrándose bajo su tutela y convivía con la menor, abusó sexualmente durante 11 años”.
Esos ataques, según la documentación a la que accedió este diario, se daban “en forma habitual e ininterrumpida, toda vez que mediante el uso de amenazas verbales, así como mediante el empleo de armas blancas”.
Se habló de manoseos, besos no consentidos en diferentes partes de su cuerpo y otras prácticas repugnantes.
También de la exhibición de material pornográfico, “todo ello en contra de su voluntad y en reiteradas oportunidades, aprovechando cualquier momento en que quedaba a su cuidado, corrompiéndola sexualmente, desviando el libre crecimiento sexual de la menor teniendo en cuenta la corta edad en que se iniciaran tales prácticas, causándole grave daño psíquico con secuelas que padece hasta la actualidad, puesta de manifiesto en ideaciones suicidas y en grave trauma que le impide desarrollar su vida con normalidad”, se expresó en la resolución judicial.
El hecho narrado fue considerado como “abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante por su duración y por las circunstancias de realización, agravado por ser cometido por el encargado de su guarda y por ser cometido contra una menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el imputado y corrupción de menores agravada tipificado”.
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