Mientras se define si a los detenidos por el caso de la maniobra para el presunto el lavado de dinero a través de billeteras virtuales le dictan la prisión preventiva, la Fiscalía continuando buscando pruebas para determinar si, como se creen, existía un "jefe" por encima de las personas que actuaron para movilizar más de 27 mil millones de pesos.
Se trata de la funcionaria judicial Albertina Mangini, acusada, provisoriamente, de asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes vinculados a la habitualidad y a la función que desempeñaba, Ignacio Marchioni y Mauro Perrota.
Para los investigadores, Mangini habría cumplido un papel en la captación de personas vulnerables, a quienes se les ofrecía dinero a cambio de sus datos personales y biométricos. Perrota se cree que una vez abiertas la cuentas virtuales, tenía disponibilidad absoluta sobre su funcionamiento, incluidas las transferencias hacia un nivel financiero superior, mientras que Marchioni, junto a Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano, serían quienes contaban con los conocimientos y recursos para completar la etapa del lavado de dinero y hacer que los fondos fueran absorbidos por el mercador formal.
La fiscal Betina Lacki solicitó nuevas medidas para determinar si, como se cree, Mangini y el resto recibían órdenes de alguien más, ubicado por encima de esa estructura que formaban y a través de la cual hicieron circular más de 27 mil millones de pesos, dinero que se presume provendría, principalmente, del juego clandestino.
Incluso no se descarta que hasta pudieran prestar ese servicio a otras organizaciones que también generan dinero de manera ilícita. Por eso la Fiscalía trabaja para determinar quién daba las órdenes por encima de las personas ya identificadas, como también quiénes se quedaban con el dinero una vez completado el circuito.
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