A partir de las 00.00 del 5 de septiembre, entrará en vigencia en todo el país la nueva Ley 27.801 y reducirá de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. En La Plata, recientes episodios protagonizados por adolescentes vuelven a poner el foco sobre la delincuencia juvenil, la reiteración de hechos y la capacidad del sistema judicial para afrontar el nuevo escenario.
A nada de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, la discusión sobre la minoridad y el delito vuelve a instalarse con fuerza en La Plata y en todo el país.
La modificación supone un cambio profundo en el abordaje judicial de los delitos cometidos por adolescentes y amplía significativamente el universo de jóvenes que podrán quedar sometidos a un proceso penal.
Pero la reforma no se limita solamente a incorporar al sistema a adolescentes que hasta ahora eran considerados no punibles por su edad. También modifica sustancialmente el universo de hechos que podían quedar fuera de una persecución penal efectiva debido tanto a la edad del acusado como a la escala penal prevista para determinados delitos.
En los tribunales platenses, el diagnóstico parece anticiparse: habrá más causas, más intervenciones y una mayor demanda sobre un fuero que deberá afrontar el nuevo escenario sin que, hasta el momento, se haya anunciado un incremento proporcional de recursos humanos y materiales.
También está relacionada con la capacidad del Estado para responder ante una problemática compleja, en la que se entrecruzan la delincuencia, la vulnerabilidad social, la reincidencia y la necesidad de políticas de prevención y contención.
Dos casos en pocas horas
En las últimas horas, dos procedimientos policiales ocurridos en la Ciudad volvieron a colocar a adolescentes de 15 y 16 años en el centro de la escena.
Uno de los hechos se registró en el Barrio El Retiro, cuando efectivos policiales realizaban un operativo preventivo contra delitos bajo la modalidad de motochorros.
Según informaron fuentes policiales, los agentes observaron a dos adolescentes de 15 años que circulaban en una motocicleta sin patente y sin casco. Al intentar identificarlos, los jóvenes habrían desobedecido la orden de detenerse y se inició un seguimiento.
Durante la persecución, siempre según el reporte oficial, los adolescentes realizaron ademanes que hicieron presumir a los efectivos que podrían estar armados. Finalmente, perdieron el control del rodado y fueron interceptados.
Entre sus prendas se secuestraron dos réplicas de pistolas, pero por disposición de la Justicia, ambos adolescentes fueron entregados posteriormente a sus progenitores.
El segundo episodio ocurrió en 25 entre 45 y 46, donde tres adolescentes, dos de 15 años y otro de 16, fueron interceptados luego de un presunto intento de robo en un edificio.
Con el cambio de régimen, muchos menores que eran no punibles serán objeto de proceso
De acuerdo con los voceros consultados, los jóvenes habrían violentado el acceso al inmueble con fines de robo, aunque no lograron concretar su objetivo y escaparon del lugar.
Durante el procedimiento se secuestró una llave de fabricación casera que, según la investigación, podría ser utilizada para el encendido de motocicletas. Los tres fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción del Joven y posteriormente entregados a sus responsables.
El caso sin dudas refleja la preocupación por la reiterancia en el delito, ya que uno de los adolescentes involucrados en este último episodio -de 15 años- posee, según surge de los registros oficiales, numerosos antecedentes de intervenciones judiciales desde los 13 años.
El segundo adolescente del mismo procedimiento también tiene un frondoso historial.
El dato resulta significativo en el contexto de la inminente entrada en vigencia del nuevo régimen. La discusión ya no se limita a un hecho aislado protagonizado por un menor de edad, sino que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la reiteración de conductas delictivas y las herramientas disponibles para intervenir antes de que las situaciones escalen hacia delitos de mayor gravedad.
En el ámbito judicial existe expectativa sobre el impacto concreto que tendrá la reducción de la edad de imputabilidad. La consecuencia más inmediata que se prevé es un incremento en la cantidad de expedientes. Adolescentes de 14 y 15 años que hasta ahora no podían ser sometidos a un proceso penal pasarán a integrar el universo de intervención judicial.
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