La violencia denunciada en la Unidad 51 de Magdalena abrió una investigación judicial en La Plata sobre una serie de hechos que, por su gravedad, remiten a prácticas de extrema crueldad. Cinco mujeres privadas de la libertad acusaron a agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense de haberlas sometido a torturas, abusos sexuales y humillaciones en un operativo realizado el pasado 3 de junio.
La denuncia fue impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y quedó en manos del fiscal Álvaro Garganta. Según los testimonios reunidos por el organismo, los episodios ocurrieron en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena y habrían involucrado a autoridades del penal y a integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE).
Según las presentaciones judiciales, todo se inició tras una pelea entre internas. Luego del ingreso de los penitenciarios al pabellón, varias detenidas denunciaron haber sido golpeadas, obligadas a desnudarse frente a personal masculino y trasladadas a otros sectores donde habrían sufrido tormentos físicos y psicológicos.
Uno de los relatos más estremecedores señala que una mujer fue sometida a la práctica conocida como “submarino húmedo”, mientras era obligada a besar las botas de una autoridad del penal. La víctima aseguró que, ante cada negativa, recibía golpes, amenazas y nuevas agresiones. También denunció haber sido abusada sexualmente por varios agentes.
Otra interna sostuvo que fue arrastrada de los pelos, golpeada y mantenida inmovilizada durante horas sobre un colchón impregnado con gas pimienta. Una tercera mujer aseguró haber permanecido más de 15 horas en ropa interior, sin agua ni alimentos, mientras que otra relató que permaneció esposada de manos y pies, sufriendo dificultades respiratorias por la exposición al gas.
La Comisión Provincial por la Memoria indicó que los testimonios presentan coincidencias. Ante la gravedad de las acusaciones, el Servicio Penitenciario Bonaerense desafectó preventivamente a los agentes señalados y removió a la cúpula de la Unidad 51. Paralelamente, Asuntos Internos inició sumarios administrativos para determinar responsabilidades.
Mientras tanto, la investigación judicial avanza en La Plata con la toma de declaraciones y la incorporación de nuevas pruebas. También intervino el juez de Ejecución José Villafañe, quien se presentó en el establecimiento para entrevistarse con las detenidas.
El caso, por la crudeza de las denuncias y las características de los hechos relatados, se convirtió en uno de los expedientes más delicados de los últimos años vinculados a presuntas violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario bonaerense.
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