La funcionaria judicial Albertina Mangini, investigada en una causa por presunto lavado de activos por más de $27 mil millones, obtuvo el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Sin embargo, la medida todavía no se hizo efectiva, ya que la resolución debe quedar firme.
La decisión fue tomada por el juez de Garantías de La Plata, Agustín Crispo, quien consideró que nuevas circunstancias personales y vinculadas con el estado de salud de la imputada permiten reemplazar la prisión preventiva por una medida menos gravosa. También valoró que no registra condenas penales y que está desafectada de sus funciones, por lo que ya no tiene acceso a los recursos institucionales de su cargo.
La resolución establece que Mangini deberá utilizar una tobillera electrónica y tendrá prohibido comunicarse, de manera directa o indirecta, con víctimas, testigos y los demás imputados.
Ante la posibilidad de que la fiscal Betina de Lacki apele la decisión, la defensa presentó un hábeas corpus ante la Cámara Penal y expuso cuestiones graves de salud. Entre ellas, mencionó un presunto intento de autoagresión con vidrios rotos de una ventana.
Mangini está acusada de integrar una organización que habría captado a personas en situación de vulnerabilidad para obtener sus datos biométricos mediante el escaneo del iris y utilizarlos para abrir cuentas digitales. Según la pesquisa, esas cuentas habrían servido para canalizar dinero proveniente de casinos online clandestinos. La funcionaria recibió la preventiva en septiembre. La causa también tiene como imputados a Ignacio Marchioni y Mauro Perrotta, bajo investigación por presunta asociación ilícita, defraudación y lavado de activos.
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