La causa por los presuntos loteos ilegales en La Plata tuvo un importante avance judicial: la Justicia dictó la prisión preventiva para Francisco Alberto Vila Basualdo, titular de Grupo Delsud; su exesposa, Eugenia Martínez; y Nadia Antonella Lima, quienes estaban privados de la libertad en el marco de la ardua investigación.
Según pudo saber EL DIA, la jueza de Garantías Marcela Garmendia firmó la resolución e hizo lugar al pedido del fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5. De esta manera, las detenciones fueron convertidas en prisión preventiva, mientras continúa la investigación por las presuntas estafas vinculadas con la comercialización de terrenos en La Plata.
De acuerdo a la imputación, Vila Basualdo y Martínez están acusados de ser coautores de diez hechos de estafa. A Martínez, además, se le atribuye el presunto uso de un documento falso. Lima, por su parte, está imputada como coautora de ocho hechos de estafa.
QUÉ SE INVESTIGA
Como informó este diario, el expediente apunta a presuntas maniobras en los emprendimientos inmobiliarios Sophenia y Garden. La hipótesis judicial sostiene que los compradores habrían sido inducidos a creer que adquirían lotes individuales, aptos para construir viviendas, con servicios y posibilidades de obtener una escritura propia. Aunque, según la resolución, las operaciones se instrumentaban mediante la cesión o venta de participaciones indivisas de terrenos de mayor extensión.
Es decir, los compradores adquirían una parte porcentual de un inmueble, asociada por contrato al uso de un sector identificado como lote, pero no necesariamente un terreno independiente con subdivisión legal aprobada.
La Justicia consideró que los predios no contaban con las autorizaciones urbanísticas necesarias para desarrollarse en las condiciones en las que eran ofrecidos. En el caso de Garden, ubicado en la zona de Ruta 36 y 425, la investigación señala que se lo promocionaba como un barrio privado o cerrado, con apertura de calles, cerco perimetral, electricidad y la posibilidad de construir y escriturar.
En Sophenia, en la zona de 30 y 628, Arana, también se habrían ofrecido sectores como lotes residenciales dentro de un barrio semicerrado, con servicios y condiciones que, según la acusación, no estaban respaldadas por las aprobaciones correspondientes.
La resolución describe distintas operaciones con compradores que entregaron anticipos, pagaron cuotas y, en algunos casos, abonaron sumas adicionales por trabajos como la mensura de los terrenos o la conexión eléctrica. Para la acusación, esas promesas y representaciones habrían sido determinantes para que las víctimas entregaran el dinero.
La jueza no consideró los episodios como simples conflictos comerciales aislados, sino como hechos que presentarían un patrón común: la presunta actuación coordinada de varias personas con roles diferenciados para engañar a los compradores sobre las condiciones reales de los terrenos.
En ese esquema, la investigación analiza la intervención de firmas como Grupo Delsud, Four Capital y Grava Desarrollos en distintas etapas de las operaciones, desde el contacto con los interesados hasta la firma de documentos y el cobro de cuotas. Según la acusación, los compradores no habrían entregado ese dinero de haber conocido la situación real de los terrenos.
La responsabilidad de cada imputado deberá determinarse durante el proceso judicial.
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