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Dos menores peligrosos huyeron del Aráoz Alfaro

Ocurrió en 520 y 228. Los internos estaban condenados por robo. En la maniobra no hubo que lamentar heridos
La escena: La malla de hierro doblada y un barrote cortado / web

Por Redacción

Dos jóvenes que cumplían graves condenas por robos agravados en La Plata lograron escaparon el lunes pasado del Instituto Aráoz Alfaro, ubicado en 520 y 228 de Abasto, luego de cortar los barrotes del establecimiento.

Se trata de A.T. Z y de T. M. A. F., quienes se encontraban a disposición del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de La Matanza y del Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de San Isidro, respectivamente.

Según voceros del área, en la fuga no se habría registrado celadores heridos. “Solo hubo daños materiales”, confirmaron.

El episodio volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad de los centros destinados al alojamiento de menores en conflicto con la ley y expuso una problemática que, lejos de ser nueva, parece agravarse.

De acuerdo con informes internos, durante 2025 se habría registrado un récord de 241 fugas de menores alojados en establecimientos del sistema penal juvenil.

La cifra adquiriría especial relevancia al compararla con la cantidad de jóvenes que permanecían institucionalizados durante ese período: las evasiones así habrían representado cerca de un tercio de la población alojada hasta ese momento.

El escape ocurrido en el Instituto Aráoz Alfaro vuelve a instalar el interrogante sobre los controles de seguridad, las condiciones edilicias y la capacidad del sistema para contener a jóvenes que, en algunos casos, cumplen condenas por delitos de extrema gravedad.

La situación se presenta además en un contexto particularmente complejo para el sistema penal juvenil bonaerense. Durante 2026, los institutos enfrentan nuevas exigencias a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que modificó el régimen de responsabilidad penal juvenil y estableció la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El cambio legislativo implica un desafío adicional para una estructura que ya venía mostrando dificultades para garantizar el alojamiento y la custodia de los menores bajo disposición judicial. La incorporación de adolescentes más jóvenes al sistema obliga a revisar no sólo los mecanismos de seguridad, sino también los dispositivos de tratamiento, educación y reinserción.

Sobre esta cuestión, Pablo Lenz, ex trabajador del área, expresó: “El sistema penal juvenil bonaerense atraviesa un colapso institucional que contrasta de manera alarmante con los recursos asignados y con la agenda política de sus autoridades. Mientras el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) maneja un presupuesto que se aproxima a los 12.000 millones de pesos, la realidad en los institutos expone un descontrol sin precedentes”.

“A mi entender, las autoridades parecen transitar una realidad paralela, ya que priorizan actividades recreativas como el programa ´Juguemos Piola` o proyectan candidaturas para 2027”, concluyó.

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