Un fiscal de Mar del Plata desbarató un "call center" tumbero liderado por un condenado a 30 años de prisión que cumple su pena en una cárcel de La Plata. Tras frustrar el accionar de la banda comandada por el "Subcomisario Gutiérrez" volvieron a exigir que se prohíba el uso de celulares ante la sospecha de complicidad penitenciaria.
El corazón operativo de una red criminal que aterrorizó a varias provincias funcionaba en La Plata. Desde una celda de la Unidad Penal N° 1 de Lisandro Olmos, la banda ejecutaba extorsiones telefónicas, fraudes y coordinaba brutales entraderas en distintos puntos del país.
El líder del esquema criminal fue identificado como Hugo Carlos Miguel, de 62 años. Alias "El Gitano" y condenado a 30 años de encierro por homicidio, actuaba como el principal llamador desde el penal platense. Bajo la falsa identidad del "Subcomisario Gutiérrez", un nombre tomado de una ficción, se comunicaba a diario con adultos mayores para exigir sumas que rondaban los 16 millones de pesos.
Las artimañas incluían desde el clásico "cuento del tío" con falsos familiares accidentados, hasta simulaciones de urgencias financieras para cambiar dólares. Si el engaño fracasaba, la banda pasaba a la acción directa: enviaba células operativas en la calle para perpetrar violentos asaltos domiciliarios.
La inteligencia previa era aportada por otros dos reclusos alojados en los penales 15 y 44 de Batán, quienes recababan datos patrimoniales —presuntamente a través de bases de datos— y los transmitían a la cárcel de Olmos. Las comunicaciones impactaron en Río Gallegos, Ushuaia, Tandil, Tres Arroyos y Corrientes. Incluso, un chip registró actividad en Uruguay.
La pesquisa se originó tras un intento de estafa en Mar del Plata en julio pasado. Días después, un violento asalto en la misma ciudad dejó a una mujer de 70 años atada, golpeada y con cortes en los pies para robarle 600 mil pesos. La detención de uno de los agresores y el peritaje de su celular fueron la llave para desentrañar la conexión con las penitenciarías.
Tras revelar el "call center", el fiscal Moyano se mostró indignado ante la falta de respuesta institucional frente al descontrol que generó el permiso de uso de celulares en pandemia. "¿Cómo puede ser que desde el Ministerio de Justicia no dispongan la prohibición del uso de telefonía en las cárceles, qué pruebas necesitan? Estamos diciendo que tenés call center en una unidad penal", sentenció. Y agregó: "Nadie actúa. Después se rasgan las vestiduras hablando de seguridad".
La gravedad del caso no solo expuso las fallas del sistema, sino que sugiere una presunta connivencia de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El análisis de uno de los ocho teléfonos secuestrados a "El Gitano" reveló cifras escalofriantes: entre marzo y octubre, el aparato registró casi 20.000 llamadas salientes utilizando 11 chips diferentes.
La actividad delictiva se concentraba de lunes a sábados, entre las 9 y las 17 horas, con un promedio diario de más de tres horas continuas en línea. "Para estar hablando 40 minutos seguidos o hacer un promedio diario de tres horas de llamadas necesitan espacio, un entorno tranquilo que no existe dentro de las celdas colectivas", advirtió el investigador para abonar la hipótesis de un sector vip liberado para delinquir.
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