El exmagistrado de Garantías César Ricardo Melazo se presentará nuevamente en los tribunales penales platenses. En esta oportunidad, ocupará el lugar de particular damnificado dentro de un proceso judicial enfocado en esclarecer presuntas maniobras de inteligencia ilícita.
Las autoridades del Tribunal Oral Criminal II de La Plata decidieron reprogramar el cronograma original y adelantaron las audiencias para los días 6, 7, 8 y 9 del próximo mes de octubre de 2026. En el banquillo de los acusados estarán Guillermo Berra y Rosario Sardiña. Ambos exfuncionarios trabajaron en la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense durante el mandato de la exgobernadora María Eugenia Vidal y del exministro Cristian Ritondo. La Justicia los procesó por los delitos de peculado y abuso de autoridad.
La génesis de este expediente se remonta al 23 de octubre de 2019, fecha del allanamiento a la sede de Asuntos Internos bajo las directivas de la fiscal Cecilia Corfield. Durante la inspección, los peritos secuestraron múltiples documentos y hallaron un registro de personas investigadas a nivel patrimonial sin el aval de un juez. El análisis de estas pruebas determinó la existencia de más de 1.400 consultas en bases de datos privadas para extraer información de magistrados, dirigentes sociales, actores políticos, empresas y organismos estatales.
Además del propio Melazo, la documentación incautada revela un seguimiento sobre otras figuras del ámbito local. La red de averiguaciones también abarcó a entidades con sede central en la ciudad, entre las cuales figuran ambas cámaras de la Legislatura provincial y el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, las tareas irregulares de inteligencia afectaron a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, efectivos de la Policía Federal Argentina y miembros del Poder Judicial bonaerense. A esta nómina se suman organismos como la AFIP, la Dirección General de Cultura y Educación y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Los archivos exponen una recolección de datos sobre la fiscal Silvina Langone, responsable de la etapa oral por la triple fuga del penal de General Alvear. Estas averiguaciones sin respaldo legal también perjudicaron a su esposo, el defensor ciudadano adjunto Tulio Marchetto, y a los familiares de la pareja.
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