El juicio oral contra el empresario de medios Agustín Raimondo, acusado por lesiones en un contexto de violencia de género y varias desobediencias, volvió a sufrir una nueva postergación. La situación impactó muy fuertemente en Florencia Mascioli, la denunciante, quien esperaba que pudiera comenzar en la jornada de ayer en los Tribunales de La Plata.
Según le confirmaron fuentes judiciales a este medio, como el defensor del imputado continúa de viaje, no se pudo diagramar el inicio del proceso oral, ya que eso -en principio- conllevaría una afectación del derecho de defensa de Raimondo.
Mascioli, días atrás, había confirmado que el Tribunal Oral en lo Criminal I tenía designadas las fechas del 20 y 21 de agosto para dar inicio al juicio. Sin embargo, volvió a posponerse sin demasiadas certezas de cuándo podrá comenzar.
La situación genera malestar entre quienes acompañan a Florencia Mascioli, la denunciante y expareja de Raimondo, quien lleva cuatro años esperando la realización del debate. Aparte hay desobediencias que prescribirían el mes entrante, lo que beneficiaría al empresario.
Carlos Quirós, abogado de Mascioli, cuestionó que no hubiera existido una comunicación previa de la ausencia de su colega y expresó su preocupación por una eventual demora del proceso.
En medio de este fuerte contrapunto judicial, también se sumó la denuncia que los padres de Raimondo le hicieron a la jueza del caso, Cecilia Inés Sanucci.
En el documento, al que tuvo acceso este diario, se solicita que se investigue una serie de situaciones ocurridas durante la preparación y el desarrollo del debate.
Para Mónica Belcastro y Héctor Raimondo, el planteo no busca cuestionar decisiones judiciales que puedan ser revisadas mediante los mecanismos naturales, sino que pretende que se analice si determinadas conductas de Sanucci podrían resultar incompatibles con los deberes de imparcialidad, prudencia, independencia, mesura y respeto por el derecho de defensa.
Por último, en lo referente a la perspectiva de género aclararon que no cuestionan la obligación de los magistrados de su implementación cuando corresponda, pero sostienen que debe coexistir con garantías como la presunción de inocencia, el debido proceso y “la igualdad de armas” entre las partes.
SUSCRIBITE a esta promo especial