La investigación en la causa por el fentanilo contaminado vinculado a 90 muertes, una de las mayores tragedias sanitarias de los últimos años y que comenzó tras la detección del brote en el Hospital Italiano de La Plata, sumó ahora un giro de alto impacto. El juez federal Ernesto Kreplak dispuso el secreto de sumario en el expediente, una medida excepcional que busca preservar nuevas líneas de investigación impulsadas por la fiscal María Laura Roteta.
La decisión, adoptada por el Juzgado Federal N°3 de La Plata, llega cuando la pesquisa ya tiene 13 personas procesadas -entre ellas el empresario Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo- y apunta ahora a determinar si existieron responsabilidades dentro de los organismos nacionales encargados de controlar la producción de medicamentos.
Según trascendió, la fiscalía solicitó nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación sobre funcionarios y exfuncionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de ese organismo.
La hipótesis que se intenta esclarecer es especialmente delicada: si las reiteradas irregularidades detectadas en los laboratorios fueron producto únicamente de negligencias administrativas o si existió algún grado de connivencia entre los empresarios y quienes debían fiscalizar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación.
La causa se inició en mayo de 2025, luego de que el Hospital Italiano de La Plata detectara un brote de infecciones asociado al uso de ampollas de fentanilo elaboradas por HLB Pharma. Las pericias establecieron que los lotes estaban contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, microorganismos peligrosos para pacientes internados en estado crítico.
Con el avance de la investigación, el expediente se extendió a hospitales de distintas provincias y actualmente analiza la muerte de más de un centenar de pacientes que recibieron el medicamento adulterado.
El secreto de sumario sorprendió incluso dentro del ámbito judicial, ya que se esperaba que las nuevas medidas fueran solicitadas una vez concluida la feria judicial. Sin embargo, la decisión de Kreplak aceleró los tiempos de una investigación que ahora también pone bajo la lupa a la cadena de control estatal.
La fiscal Roteta ya había cuestionado en distintos dictámenes el accionar de la ANMAT y del INAME. Incluso hizo suyas las conclusiones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que advirtió que las consecuencias de la “negligencia, connivencia o complicidad” de los organismos de control “aún son desconocidas”.
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