Las dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) detenidas en el marco de la causa por el fentanilo contaminado prestaron este miércoles declaración indagatoria ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, que investiga las responsabilidades por un centenar de muertes y graves secuelas asociadas al uso de ampollas distribuidas en distintos centros de salud del país.
Se trata de Nélida Agustina Bisio, quien estuvo al frente de la Anmat hasta enero de este año, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname). Ambas fueron trasladadas desde una alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires hasta los tribunales platenses, donde permanecieron incomunicadas hasta el inicio de las audiencias.
Fuentes judiciales confirmaron que, tras completar sus declaraciones, las dos continúan detenidas. En el caso de Bisio, el juez le concedió la excarcelación bajo una fianza de 75 millones de pesos, mientras que Mantecón Fumadó también solicitó ese beneficio, aunque el pedido aún no había sido resuelto.
La primera en declarar fue Bisio. La audiencia se extendió durante casi dos horas y, según explicó su defensa, la exfuncionaria pidió suspender la indagatoria por cuestiones de salud y continuará su descargo por escrito en una próxima audiencia.
Luego fue el turno de Mantecón Fumadó, quien se remitió a un escrito presentado previamente y respondió preguntas durante varias horas. En su declaración reiteró que las decisiones vinculadas al funcionamiento de la Anmat eran conocidas por sus superiores y mencionó, además de Bisio, al actual ministro de Salud, Mario Lugones.
Según trascendió, la exdirectora del Iname sostuvo que Lugones ya tenía injerencia en asuntos de la Anmat antes de asumir formalmente al frente del Ministerio de Salud, cuando se desempeñaba como asesor en la Casa Rosada. En ese contexto, por orden judicial, una comisión policial secuestró en la sede de esa cartera los registros de ingresos y egresos correspondientes a 2024 y 2025.
La acusación de la Fiscalía
Las detenciones fueron solicitadas por la fiscal federal María Laura Roteta y por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quienes sostienen que existen elementos para considerar que ambas exfuncionarias conocían las graves irregularidades detectadas en la fabricación del fentanilo.
En el dictamen, los fiscales afirmaron que las imputadas estaban al tanto del "escenario de riesgo elevado" generado por las condiciones de producción en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, y que ese contexto podía derivar en muertes y lesiones. Ambos laboratorios pertenecen al empresario Ariel García Furfaro, quien también permanece detenido en la causa.
El antecedente de Mantecón Fumadó
Mantecón Fumadó ya había declarado en mayo del año pasado, cuando explicó ante el mismo juzgado cómo HLB Pharma continuó produciendo medicamentos junto a Laboratorios Ramallo pese a las observaciones realizadas por el organismo regulador.
Abogada y con dos décadas de trayectoria en el Iname, aseguró entonces que HLB Pharma presentaba "un historial de desprolijidades registrales y de documentación", motivo por el cual se encontraba bajo un seguimiento especial.
Sin embargo, en agosto del año pasado fue desplazada por el Ministerio de Salud, que la responsabilizó por no haber actuado frente a un informe interno que advertía sobre irregularidades detectadas en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo durante la producción de distintos medicamentos.
La investigación, encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak, busca determinar las responsabilidades administrativas y penales por uno de los mayores escándalos sanitarios registrados en los últimos años en el país.
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