Una presentación realizada ante la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires puso bajo la lupa el funcionamiento administrativo y financiero del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNYA), a partir de una serie de hechos que podrían configurar delitos contra la Administración Pública.
La denunciante, identificada como D. A., una asistente de Minoridad, solicitó que el caso sea investigado por una unidad fiscal especializada, debido a la presunta existencia de una operatoria que podría involucrar a distintas estructuras dentro de la institución.
Uno de los principales ejes planteados está relacionado con el supuesto pago de horas extras y guardias que no se habrían realizado. De acuerdo con la presentación, los importes abonados coincidirían habitualmente con el valor correspondiente a guardias de 24 horas y, posteriormente, parte de esos fondos habrían sido desviados mediante mecanismos informales.
La presentación sostiene además que, en un primer momento, se habría indicado que esos recursos serían utilizados para afrontar gastos institucionales urgentes, entre ellos la compra de medicamentos destinados a menores alojados en dispositivos dependientes del organismo. Sin embargo, posteriormente habrían surgido dudas respecto del destino real del dinero.
A partir de esa situación, en la presentación se solicitó que la Justicia determine si se trató de un episodio aislado o si podría existir una mecánica habitual de presunto desvío de fondos públicos.
La investigación propuesta incluye también el funcionamiento de los servicios de catering y provisión de alimentos, ante la sospecha de posibles diferencias entre las raciones efectivamente entregadas y las cantidades registradas en la documentación administrativa.
Otro de los puntos planteados está relacionado con las cajas chicas institucionales, los fondos destinados a servicios policiales y la correspondencia entre las partidas asignadas y la cantidad efectiva de personal afectado a los distintos dispositivos.
También se pidió auditar los depósitos e inventarios del organismo, donde se almacenan colchones, muebles, electrodomésticos, materiales de construcción y otros bienes adquiridos con fondos públicos. En ese sentido, se pretende establecer el destino de determinados elementos y verificar si existen faltantes o irregularidades.
La denuncia incorpora además las obras de infraestructura y contrataciones, con el objetivo de determinar si los trabajos ejecutados se corresponden con las partidas presupuestarias asignadas y si pudieron existir superposiciones de financiamiento entre distintos organismos estatales.
La denuncia ante Procuración expuso supuestos desvíos de fondos y otras irregularidades
Otro de los aspectos que requirió analizar es la existencia de cargos presupuestados cuyas funciones no estarían claramente identificadas, por lo que se pretende relevar la totalidad del personal, sus tareas, lugares de prestación de servicios y situación administrativa.
Entre las personas cuya actuación se pide investigar aparece una funcionaria que se desempeña como directora de un dispositivo dependiente del organismo, aunque la presentación deja expresamente abierta la posibilidad de que la pesquisa alcance a otros eslabones o niveles.
El pedido aclara que esta medida no implica atribuir de antemano la existencia de enriquecimiento ilícito, sino establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio registrado.
Como parte de la prueba, fueron ofrecidos distintos testigos vinculados al funcionamiento del organismo y se mencionó la existencia de conversaciones, capturas de pantalla, comprobantes bancarios, transferencias y documentación administrativa, que podrían ser incorporados a la investigación.
Finalmente, se solicitó preservar de manera urgente documentación física, servidores, registros informáticos y demás evidencia que pudiera resultar relevante, además de realizar auditorías sobre horas extras, guardias, compras, proveedores, depósitos, cajas chicas, servicios policiales, obras, contrataciones y cargos.
Ahora deberá determinarse qué fiscalía tendrá intervención y si, a partir de las medidas solicitadas, existen elementos suficientes para avanzar en una investigación penal sobre el manejo de fondos y recursos públicos dentro del OPNYA.
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