La Plata será escenario -los días 5, 6 y 7 de octubre venideros- de un juicio por jurados de alto impacto institucional y social. El imputado es un pastor evangélico -Esteban Cayetano Nuñez Morel- acusado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal y corrupción de menores, en perjuicio de dos niñas de 9 y 11 años.
El caso llegó a instancia de debate oral luego de que las menores y su madre pidieran ayuda y fueran alojadas en “Casa María Pueblo”. Allí recibieron atención integral: contención psicológica, vestimenta, alimentación, vivienda y representación legal gratuita.
Según la organización, ese acompañamiento no solo permitió sostener a la familia en un contexto de extrema vulnerabilidad, sino también impulsar la causa penal hasta el juicio.
“Casa María Pueblo” afirma ser la única organización del país que asume representación jurídica gratuita en este tipo de procesos.
“Esa es una de las razones por las que logramos encontrarlo y que no se profugue”, señalaron desde la institución. El dato no es menor: en causas de abuso sexual infantil, la demora, la falta de patrocinio y la desprotección de las víctimas suelen convertirse en un obstáculo para que el imputado llegue a juicio.
El debate se realizará bajo la modalidad de juicio por jurados, un mecanismo que incorpora a ciudadanos comunes en la decisión sobre la responsabilidad penal. Para las organizaciones que trabajan con infancia vulnerada, este tipo de audiencias públicas también funciona como un espacio de visibilidad: el delito deja de quedar encerrado en el expediente y pasa a ser examinado ante la sociedad.
“Casa María Pueblo” sostiene que no se trata de un caso aislado dentro de su historial. En 29 años de trabajo y militancia social, la organización dice haber atendido a más de 35.000 personas. Entre sus resultados menciona más de 80 condenas a abusadores de menores, miles de exclusiones del hogar de violentos intrafamiliares y cientos de detenciones de agresores de distinto tipo.
El dato económico que la propia institución pone sobre la mesa es el de los honorarios no cobrados: más de 7 millones de dólares donados en trabajo profesional a lo largo de casi tres décadas.
El argumento es claro: sin patrocinio gratuito, muchas familias no podrían sostener un proceso judicial largo, técnico y desgastante.
En este expediente, la organización no se limita a la estrategia legal. El modelo que describe combina refugio, asistencia cotidiana y litigio. Las niñas no solo fueron representadas ante la Justicia: también fueron alojadas junto a su madre y asistidas en necesidades básicas mientras avanzaba la investigación.
En el debate intervendrá como presidente un juez técnico del Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata y el fiscal Lucas Domsky.
Desde la ONG insisten en que la condena social no alcanza si no hay respuesta judicial. Por eso el mensaje institucional del anuncio es directo: “Será justicia”.
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