La Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó una nueva presentación de la fiscal Daniela Bersi con la que buscaba agravar las condenas del exjuez de Garantías de La Plata César Melazo y del excomisario Gustavo Bursztyn en la causa por asociación ilícita. De esta manera, el máximo tribunal provincial dejó firme el criterio de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, que había descartado habilitar una revisión extraordinaria de la sentencia.
La Fiscalía pretendía que se les atribuyera a ambos exfuncionarios un grado de responsabilidad mayor dentro de la organización delictiva: a Melazo, el rol de jefe, y a Bursztyn, el de organizador. Esas calificaciones habían sido propuestas durante el juicio por una de las integrantes del tribunal oral, pero quedaron en minoría frente a la postura que finalmente se impuso.
Al analizar la nueva queja, la Suprema Corte consideró que la fiscal no consiguió demostrar errores jurídicos concretos en la decisión de Casación. Según el tribunal, los argumentos presentados expresaban discrepancias con la valoración de las pruebas realizada durante el proceso, sin acreditar motivos suficientes para habilitar otra instancia de revisión.
La resolución lleva las firmas de los jueces Fernando Luis María Mancini Hebeca, Sergio Torres y Daniel Soria, y de la jueza Hilda Kogan. Con el rechazo, quedó frustrado un nuevo intento del Ministerio Público Fiscal de modificar la calificación sobre el grado de participación atribuido a los dos condenados.
El expediente tuvo una de sus instancias centrales el 6 de marzo de 2023, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata dictó las condenas contra Melazo y Bursztyn, entre otros acusados. El exmagistrado recibió una pena de siete años y diez meses de prisión por asociación ilícita, encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional. El excomisario, en tanto, fue condenado a siete años de prisión por asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional.
La sentencia fue adoptada por mayoría de los jueces Santiago Paolini y Andrés Vitali. Ambos consideraron acreditada la participación de Melazo y Bursztyn en la asociación ilícita, pero no les asignaron los roles de mayor jerarquía que había planteado la jueza Silvia Hoerr, quien propuso condenar al exjuez como jefe de la organización y al excomisario como organizador.
Los fiscales Mariano Sibuet y Victoria Huergo cuestionaron esa decisión e impulsaron recursos para que se revisaran los roles atribuidos a ambos condenados. Sin embargo, las impugnaciones no prosperaron y la Suprema Corte volvió a cerrar la vía extraordinaria.
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