La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por finalizado un reclamo paralelo motorizado por siete de los ocho sentenciados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, perpetrado a principios de 2020 en Villa Gesell. En esta oportunidad, el tribunal evaluó una denuncia penal interpuesta por los propios detenidos, que transitan su condena en La Plata, contra la titular del Ministerio Público Fiscal y otras autoridades judiciales. Los acusados señalaban supuestas fallas de procedimiento en las etapas iniciales de la pesquisa.
Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la resolución. En el texto, justificaron la negativa ante la carencia de argumentos autónomos y la nula refutación de los motivos expuestos en sentencias previas.
El abogado Hugo Tomei elevó esta queja en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro y Lucas Pertossi. La defensa aseveraba que, al momento de las primeras indagatorias tras el crimen, las autoridades omitieron notificarles con precisión los cargos y las evidencias en su contra. Además, objetaron la redacción de las actas procesales, al considerar vulneradas las garantías del Código Procesal Penal bonaerense.
Esta acusación corrió por un carril ajeno al expediente principal. El letrado acusó a la fiscal Verónica Zamboni, a la defensora oficial Verónica Olindi Huespi y al juez de Garantías David Mancinelli, junto a otros empleados, por presunta falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y privación ilegítima de la libertad.
El origen del conflicto data de febrero de 2020, ante las supuestas inconsistencias horarias en los registros de las declaraciones. Para el defensor, los lapsos anotados eran exiguos para leer derechos, comunicar imputaciones y exhibir pruebas.
Si bien la Cámara de Apelaciones de Dolores les otorgó el rol de particulares damnificados en 2022, la causa naufragó. La Justicia descartó el dolo en el accionar de los funcionarios y denegó múltiples medidas probatorias. Tras una serie de apelaciones rechazadas por el Tribunal de Casación Penal, la Suprema Corte provincial y, ahora, la Corte nacional, el expediente quedó cerrado.
Cabe destacar que este fallo judicial no altera las penas impuestas por el homicidio.
El ataque mortal contra Báez Sosa ocurrió el 18 de enero de 2020 a la salida de un local bailable. Por este hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores dictó prisión perpetua para cinco de los involucrados en calidad de coautores, mientras que los tres restantes recibieron penas de 15 años como partícipes secundarios. En marzo de 2024, Casación ratificó las condenas. Semanas atrás, en abril de 2026, la propia Corte Suprema ya había descartado otros recursos orientados a revertir el fallo central.
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