Una licenciada en Trabajo Social, Asesora Técnica de la Dirección General de Asesorías Periciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, advirtió sobre la situación psicofísica que atraviesa Albertina Mangini Ortolani, la funcionaria judicial detenida en el marco de una investigación por una presunta megadefraudación con billeteras virtuales, en la que hay otras cuatro personas privadas de la libertad y dos prófugos.
En un detallado informe, donde describió su carrera, los ingresos y otras cuestiones personales, concluyó que “su desarrollo laboral enmarcado en la Justicia Penal, en contacto con detenidos y sus familiares, la podría ubicar en situación de riesgo en detención si no se arbitraran las medidas de cuidado necesarias”.
Miguel Molina, uno de sus abogados defensores -el otro es Alfredo Gascón-, puso su atención en la pérdida de seis kilos desde el inicio de su encierro.
La acusada se encuentra alojada en la Alcaidía Roberto Pettinato, a disposición de la fiscal Betina Lacki.
Allí enfrenta cargos por asociación ilícita, defraudación por uso indebido de datos y lavado de activos agravado por su función pública, delitos vinculados a un supuesto movimiento bruto de 27 mil millones de pesos.
Durante su estadía, distintos peritos y un oficial del Servicio Penitenciario evaluaron su estado general. El reporte del prefecto, fechado el 21 de agosto, constató un peso corporal de 45,3 kilos. El documento describió una baja de peso significativa y remarcó una merma en la masa muscular con prominencias óseas notorias tras el examen físico.
En el mismo texto, el agente detalló las expresiones de la detenida. La paciente justificó su falta de apetito por la ansiedad, angustia y nerviosismo que le genera su situación judicial. Frente a este panorama, las autoridades ordenaron múltiples análisis para descartar un cuadro de desnutrición y prescribieron una dieta hipercalórica, rica en fibras y con suplementos tres veces al día.
“Mangini no niega la existencia de la causa, pero plantea que la prisión preventiva, en estas condiciones, deja de ser una medida procesal y pasa a agravar un riesgo sanitario concreto”, indicó una fuente.
La condición médica de la mujer representa un elemento central en la estrategia de su defensa legal para solicitar una salida de la prisión.
El equipo legal aportó otros informes que reportan “una intensa angustia mediante un llanto espontáneo” y una “sintomatología ansioso-depresiva”, un cuadro que requiere un esquema de medicación con ansiolíticos y antidepresivos por ideas lesivas.
Sin embargo, a pesar de estos argumentos médicos, la Cámara de Apelaciones platense rechazó un recurso de hábeas corpus interpuesto por la defensa pocas semanas atrás.
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