Un Gran Jurado con sede en la ciudad de Miami tiene programado dar inicio hoy a una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado, con el propósito de establecer si los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y un grupo de empresarios aliados incurrieron en delitos financieros en Estados Unidos.
Para cumplir con esta fase procesal, el cuerpo judicial citó formalmente a declarar a un grupo secreto de testigos. El origen y el objetivo de esta convocatoria quedaron expuestos de manera explícita en una orden judicial de comparecencia, también denominada subpoena.
La justicia estadounidense instruye a los comparecientes a aportar a los investigadores la totalidad de los archivos que posean vinculados a la compañía TourProdEnter LLC, además de exigir la entrega sin excepciones de todos los registros de comunicaciones que mantuvieron con Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el productor teatral Javier Faroni.
La investigación que conducen los funcionarios Michael Berger, en representación de la fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia, apunta a recolectar pruebas concluyentes que permitan avalar o descartar la comisión de los delitos de lavado de dinero y fraude bancario bajo el código penal norteamericano.
De este modo, la estrategia de las agencias de seguridad estadounidenses consiste en constatar los nexos que unen a la cúpula de la AFA con la empresa señalada, buscando confirmar un supuesto desvío de beneficios económicos provenientes de la explotación comercial de la selección argentina en el extranjero.
El foco principal de las sospechas se concentra sobre TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos cuya titularidad corresponde a Faroni y a su cónyuge, Erica Gillette. Según las hipótesis que manejan en las oficinas federales estadounidenses, esta firma habría recaudado y administrado una cifra cercana a los 300 millones de dólares desde el año 2021, a partir de la firma de contratos para la realización de encuentros amistosos internacionales y convenios de patrocinio con corporaciones de escala global de la categoría de Adidas y Warner, lo que despertó el monitoreo de las autoridades fiscales.
En esta etapa inicial del caso, los agentes judiciales norteamericanos lograron comprobar que el entramado comercial bajo sospecha canalizó sus operaciones financieras masivas a través de reconocidas entidades bancarias globales, entre las que destacan el JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
Debido a las características propias del sistema legal estadounidense, el Gran Jurado delibera en sesiones a puertas cerradas, sin contar con un plazo de tiempo perentorio u obligatorio para dictaminar si Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni son formalmente responsables de los delitos imputados.
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