El Juzgado de Ejecución Penal Número 1 de La Plata determinó la clausura inmediata de los espacios de aislamiento en las Unidades Penitenciarias 34 y 45 del Servicio Penitenciario Bonaerense. A través de este fallo, el magistrado Juan José Ruiz busca asegurar tratamientos adecuados y el respeto por los derechos de los reclusos con problemas de salud mental.
La intervención judicial responde a un habeas corpus colectivo impulsado en el año 2018. Si bien el Tribunal de Casación Penal archivó el expediente a fines del año pasado al considerar cumplida la sentencia, una denuncia motivó su reapertura.
El organismo de la Comisión Provincial por la Memoria advirtió sobre un grave retroceso en las condiciones de encierro, con la habilitación de nuevos sectores para confinar a internos sin el control correspondiente.
Tras esta alerta, las autoridades llevaron a cabo una inspección en los penales de Melchor Romero. Allí, junto a representantes de Salud Penitenciaria y Asesoría Pericial, comprobaron múltiples irregularidades. El informe elaborado por la comisión expuso la falta de asistencia profesional, regímenes basados solo en la seguridad y el encierro prolongado de personas en medio de crisis psiquiátricas. Estas prácticas, según la normativa vigente, configuran tratos crueles e inhumanos.
Frente a este escenario, el magistrado resolvió el cierre de la celda del área de sanidad en la Unidad 34, lugar donde se halló a un detenido en condiciones indignas. Además, prohibió esta práctica tanto en ese establecimiento como en el anexo femenino de la Unidad 45. Para los episodios de descompensación, la Justicia requirió la aplicación de protocolos de estabilización inmediata.
En la resolución, el juez enfatizó el enfoque sanitario para estos casos. “En la atención recibida por parte del interno que se encuentre en crisis se deberá abordar la situación primando la perspectiva médica por encima de la perspectiva de seguridad, instando a las autoridades del Ministerio de Justicia y DDHH y del Servicio Penitenciario Bonaerense a capacitar a los agentes penitenciarios que prestan funciones en estos establecimientos respecto de la actuación que deberán llevar adelante en las situaciones antes mencionadas”, puntualizó el dictamen.
Por otro lado, el fallo bloqueó el ingreso a estas unidades de personas ajenas a medidas de coerción penal y solicitó un informe detallado sobre los reclusos que permanecen allí sin el aval médico necesario. Sobre este punto, las inspecciones detectaron a 22 internos en situación irregular. Finalmente, el documento exige actualizar las historias clínicas de forma urgente y solucionar las serias deficiencias edilicias y de higiene para revertir la vulnerabilidad de la población carcelaria.
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