La Sala I de la Cámara Penal de La Plata, por unanimidad, rechazó el recurso presentado por la defensa de Julio Cornelio Guerra Torres, acusado por un embiste fatal ocurrido el 13 de febrero pasado en las calles 3 y 96 de Villa Elvira, donde perdió la vida la estudiante de Abogacía, Eugenia Cynthia Carril (18). El órgano colegiado, con los votos de Silvia Oyhamburu, Raúl Dalto y Sofía Rezzónico Bernard, descartó los planteos de nulidad y el cambio de calificación legal, para después confirmar que el imputado deberá afrontar un juicio por “homicidio culposo agravado por no haber asistido a la víctima”.
La decisión fue adoptada ante la presentación formulada por la abogada particular del imputado, Solange Alonso Barnetche.
Sobre el punto, los jueces rechazaron todos los planteos y resolvieron confirmar la elevación a juicio en orden a la imputación original, que determinó el fiscal Fernando Padovan en la etapa de instrucción y que contó con la adhesión de los padres de la víctima, constituidos en el rol de particular damnificado a través del doctor Fabián Musto.
De acuerdo con la descripción del hecho incorporada al expediente, el episodio ocurrió alrededor de las 22.30, cuando Carril regresaba de la facultad, donde asistía al curso de ingreso.
La joven había descendido de un colectivo de la Línea Este en la parada de 7 y 96 y continuaba caminando, en sentido descendente, por la zona de la banquina derecha de la calle 96.
En ese momento, según la acusación fiscal, en el mismo sentido circulaba un Chevrolet Meriva, dominio GXY920, de color negro, conducido por Guerra Torres.
Siempre según la hipótesis sostenida por la fiscalía, al llegar a la altura de 96 y 3, el conductor habría perdido el control del vehículo y terminó embistiendo a la joven desde atrás.
La acusación sostiene que la maniobra se produjo debido a una conducción caracterizada por la temeridad y falta de cuidado, y que Carril no habría podido advertir la maniobra del automóvil.
El impacto le provocó graves heridas que posteriormente derivaron en su muerte.
Pero uno de los aspectos centrales de la imputación está relacionado con lo ocurrido inmediatamente después del choque.
ACTITUD TEMERARIA
Según la requisitoria fiscal, Guerra Torres se habría retirado rápidamente del lugar sin asistir a la víctima, sin solicitar auxilio y sin convocar a los servicios de emergencia.
La investigación también incorporó filmaciones de cámaras de seguridad privadas, utilizadas por los investigadores para reconstruir la secuencia y establecer la intervención del vehículo y su conductor. Carril tenía agua en sus pulmones, ya que la zanja donde cayó estaba repleta de agua. Eso quiere decir que, de haberle prestado inmediata atención, tal vez esta historia hubiese terminado diferente.
Los voceros indicaron que la defensora particular sostuvo ante los camaristas que el requerimiento de elevación a juicio no cumplía con las exigencias legales y no habría circunstanciado de manera suficiente distintos aspectos esenciales de los delitos atribuidos a Guerra Torres.
En particular, cuestionó la imputación vinculada al delito de abandono de persona seguido de muerte, señalando que no se habría precisado cuál era la posición de garante que tenía el acusado, cuál era el deber jurídico concreto que debía cumplir, cómo se configuró el supuesto estado de desamparo de la víctima y cuál era el vínculo entre la conducta atribuida y el resultado fatal.
Respecto del homicidio culposo agravado, la defensa sostuvo que tampoco se había explicado adecuadamente la relación causal entre la conducta posterior al accidente y la muerte, ni de qué manera se configuraban concretamente las agravantes relacionadas con la fuga y la falta de asistencia.
Para la defensa, esas deficiencias afectaban el derecho de defensa, el principio de legalidad, la congruencia y el debido proceso.
También sostuvo que no correspondía utilizar el principio jurídico conocido como “iura novit curia” para incorporar o convalidar una calificación legal respecto de la cual el imputado no habría sido formalmente indagado.
Sin embargo, los magistrados entendieron que los cuestionamientos de la defensa no alcanzaban para invalidar la acusación.
En su voto principal -al que adhirieron sus colegas-, la jueza María Sofía Rezzónico Bernard validó el requerimiento de elevación a juicio y lo describió como “fundado, motivado y ajustado a derecho”.
En cuanto a la nulidad, a la que le dieron un carácter restrictivo y excepcional, los votantes expresaron que los argumentos de la defensa no demostraban la existencia de un vicio procesal capaz de invalidar lo actuado. Tampoco tuvo suerte con el pedido de sobreseimiento.
En consecuencia, quedó confirmada la elevación a juicio para Julio Cornelio Guerra Torres, a quien ahora le queda la instancia de Casación en busca de una posible excarcelación antes del debate.
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