La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata confirmó la decisión de concederle la prisión domiciliaria a Albertina Mangini, la exfuncionaria imputada en una causa por presunta asociación ilícita, defraudación informática y lavado de activos de origen delictivo. La medida se hizo efectiva una vez que le consiguieron una tobillera electrónica para el monitoreo de sus movimientos a distancia.
La resolución ratificó lo dispuesto el 7 de octubre por el juez de grado. La medida contempla además controles periódicos del Patronato de Liberados y la prohibición de mantener contacto, directo o indirecto, con la víctima, los testigos y demás imputados.
Al fundamentar la apelación, la fiscal Betina Lacki, con el respaldo del fiscal de Cámara Alejandro Marchet, sostuvo que persistían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre otros argumentos, señaló la complejidad de la presunta organización, la existencia de víctimas vulnerables, los testimonios pendientes y elementos que, según la acusación, podrían indicar intentos de interferir en la pesquisa.
Sin embargo, las juezas María Silvia Oyhamburu y Sofía Rezzónico Bernard consideraron que esos riesgos no obligaban necesariamente a mantener la modalidad más severa de encierro. En su análisis, destacaron que las medidas de control impuestas podían contribuir a garantizar que la imputada permaneciera a disposición de la Justicia y evitar eventuales interferencias en el proceso.
El estado de salud de Mangini fue uno de los factores centrales de la decisión. Los informes médicos y psicológicos incorporados al expediente por sus abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina describieron un deterioro físico y emocional durante el encarcelamiento, con pérdida significativa de peso, restricciones alimentarias, ansiedad y angustia, además de la necesidad de sostener un tratamiento psiquiátrico y psicológico.
El tribunal entendió que esas circunstancias debían ponderarse junto con la situación procesal, la ausencia de antecedentes penales condenatorios, el arraigo domiciliario y las condiciones de supervisión previstas para la prisión domiciliaria.
Los magistrados aclararon que la decisión no implica desconocer los riesgos procesales ni adelantar una conclusión sobre la responsabilidad penal de la imputada.
El objetivo, señalaron, es mantener las restricciones necesarias para asegurar el proceso sin prolongar una modalidad de encierro que, dadas las circunstancias actuales, consideraron más gravosa de lo necesario.
La investigación continúa bajo la calificación provisoria de asociación ilícita, defraudación informática y lavado de activos de origen delictivo, que alcanzaría los 27 mil millones de pesos. Según la acusación, usaban gente de escasos recursos para concretar la maniobra.
SUSCRIBITE a esta promo especial