La Justicia platense respaldó la decisión de otorgar la prisión morigerada a Albertina Mangini, la empleada judicial señalada por integrar una red delictiva dedicada a concretar fraudes informáticos y a lavar dinero. A través de una resolución reciente, la Cámara de Apelaciones y Garantías convalidó la postura inicial del Juzgado de Garantías interviniente.
Los magistrados del tribunal de alzada entendieron que los peligros procesales latentes pueden neutralizarse con la colocación de un dispositivo electrónico de rastreo. A esta medida le sumaron la vigilancia estricta del Patronato de Liberados y la prohibición absoluta de contacto con testigos, damnificados y el resto de los acusados.
Para fundamentar el fallo, las autoridades judiciales evaluaron los informes médicos y psicológicos presentados por los abogados defensores, Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina. Estos documentos certificaron un claro desgaste físico y emocional de la imputada a causa de su encierro.
Además, pesaron a su favor la falta de antecedentes penales, su arraigo familiar y un cambio en la calificación legal del expediente. No obstante, el Servicio Penitenciario Bonaerense debe inspeccionar el domicilio propuesto para constatar la viabilidad técnica del monitoreo antes de efectivizar el beneficio.
El caso cobró notoriedad ante la sospecha de una estructura criminal abocada a recolectar información personal y biométrica de individuos en situación de vulnerabilidad. El objetivo de la banda apuntaba a crear cuentas digitales y canalizar caudales financieros provenientes del juego clandestino.
Según la pesquisa a cargo de la fiscal Betina Lacki, Mangini se habría aprovechado de su rol en una dependencia ligada al Patronato de Liberados para captar a las personas necesarias para la maniobra.
Dentro de las transacciones bajo escrutinio, destaca una cuenta de la plataforma Haz Pagos con movimientos brutos superiores a los 27.149 millones de pesos. De todos modos, los investigadores aclaran que dicho volumen de dinero analizado no implica un origen completamente ilícito en su totalidad.
Más allá del arresto domiciliario de Mangini, cuyo dictamen no define su culpabilidad final en el hecho, la causa mantiene tras las rejas de manera preventiva a Ignacio Leonel Marchioni, Mauro Perrotta y Juan Ignacio Campoli Sillero. Por su parte, Cristian Alejandro Scigliano fue excarcelado bajo pautas de conducta, en tanto que Catriel Taubenschlag permanece prófugo de la Justicia con un pedido de captura activo.
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