El Juzgado de Garantías N° 6 de La Plata convirtió en prisión preventiva la detención de Albertina Mangini, Ignacio Leonel Marchioni y Mauro Perrotta, en el marco de una investigación por una presunta organización dedicada al juego clandestino, la defraudación mediante el uso indebido de datos biométricos y el lavado de activos.
Según el fallo, la estructura habría funcionado al menos entre noviembre de 2023 y junio de 2024, con una división de roles para explotar plataformas de casino virtual y posteriormente introducir el dinero obtenido en el circuito financiero.
La investigación, a cargo de la fiscal Betina Lacki, describe el uso de billeteras virtuales, cuentas bancarias vinculadas a identidades de terceros y distintos mecanismos destinados a fragmentar y dificultar el seguimiento de los fondos.
Uno de los puntos centrales de la causa está relacionado con la presunta captación de personas en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con la resolución, Mangini, quien se desempeñaba como secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados de La Plata, habría contactado a personas bajo supervisión judicial y les ofrecía dinero a cambio de facilitar sus datos biométricos para la apertura de cuentas digitales.
El expediente también incorpora testimonios y documentación vinculados con F. A., quien denunció que le habrían tomado sus datos y registros oculares luego de aceptar concurrir a un bar de la zona de 7 y 56 a cambio de una suma de dinero. Posteriormente detectó movimientos financieros que, según declaró, nunca había realizado.
En cuanto a Perrotta, el juez valoró distintos informes financieros, movimientos bancarios y su propia declaración en la que describió el funcionamiento de un panel de juego clandestino, el uso de cuentas de terceros para cobrar apuestas y pagar premios, y la recepción de instrucciones mediante la aplicación Signal.
La resolución concluyó que existen, en esta etapa del proceso, elementos suficientes para considerar probable la intervención penal de los tres imputados, aunque aclaró que se trata de una valoración provisoria y que la calificación jurídica podrá modificarse durante las siguientes etapas de la investigación.
Además de ordenar las prisiones preventivas, el magistrado dispuso solicitar cupos al Servicio Penitenciario Bonaerense y decretó la inhibición general de bienes de Mangini, Marchioni y Perrotta.
En el caso de este último, se formó además un incidente específico para analizar un eventual pedido de morigeración de la medida.
Ahora, según los voceros consultados por este diario, las defensas están en plazo para recurrir el decisorio en la instancia de Alzada.
SUSCRIBITE a esta promo especial