La investigación por el fentanilo contaminado que provocó decenas de muertes reveló una serie de maniobras que habrían sido ejecutadas para ocultar pruebas y dificultar el avance de la Justicia. Entre ellas aparecen la destrucción de documentación, la incineración de sustancias, el borrado de chats y hasta un supuesto robo que, según los investigadores, habría sido montado dentro de una de las plantas vinculadas a HLB Pharma.
Según reconstruyó Clarín, las maniobras se concentraron durante los días posteriores a que el Hospital Italiano de La Plata detectara que las ampollas de fentanilo elaboradas por HLB estaban vinculadas con las muertes registradas en su terapia intensiva. La investigación sostiene que, durante esa ventana crítica, directivos del laboratorio y funcionarios encargados del control sanitario actuaron para evitar que parte de la evidencia quedara en manos de los investigadores.
El episodio que dio origen a la investigación se conoció el 2 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano reportó un brote bacteriano a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Para el 5 de mayo, las autoridades ya tenían conocimiento de la gravedad del cuadro, pero la denuncia penal y las inspecciones recién se concretaron el 12 de mayo.
La Fiscalía de La Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sostienen que ese lapso permitió desplegar una serie de acciones destinadas a alterar o eliminar pruebas. En ese marco fueron detenidas recientemente Nélida Agustina Bisio, exadministradora de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
De acuerdo con un dictamen de más de 190 páginas elaborado por la fiscal María Laura Roteta y el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, personal del INAME habría advertido a los laboratorios sobre inspecciones inminentes. Esa información habría permitido que empleados de HLB realizaran tareas durante la noche para modificar el estado de la planta y retirar residuos antes de la llegada de los inspectores.
Además, los investigadores detectaron una comunicación del 12 de mayo en la que Bisio habría ordenado “no hacer la denuncia penal hasta no tener lo administrativo encausado”. Para la Fiscalía, esa demora permitió que se alterara la escena y se desarrollaran las maniobras de ocultamiento.
Fentanilo destruido y documentación quemada
Entre el 7 y el 9 de mayo, cuando los responsables de HLB ya habrían confirmado que el lote 31.202 de fentanilo estaba contaminado, se intentó reesterilizar unas 100 ampollas mediante un autoclave, un procedimiento que utiliza altas temperaturas y presión para eliminar microorganismos.
Pocos días después, el 13 de mayo, la empresa destruyó 4.850,08 gramos de citrato de fentanilo que se encontraba vencido desde enero de ese año. Según la investigación, su eliminación impidió que la sustancia pudiera ser sometida posteriormente a peritajes que determinaran su composición original.
La pesquisa también encontró indicios de que se quemó documentación. En celulares secuestrados aparecieron conversaciones del 14 de mayo en las que empleados del laboratorio hablaban de la destrucción de papeles y archivos.
A esto se sumó un presunto borrado masivo de información digital. Según los investigadores, Javier Tchukran, director general de HLB, fue registrado por las cámaras de seguridad de su domicilio el 18 de mayo mientras hablaba con los hermanos García y hacía referencia a la eliminación de información almacenada en los servidores de la empresa.
Los investigadores también detectaron que Mantecón Fumadó eliminó los chats de WhatsApp de su teléfono el 14 de julio de 2025 y posteriormente intentó recuperarlos mediante un especialista informático. En tanto, una integrante del área de control de calidad de HLB también habría admitido en conversaciones que había borrado mensajes ante el temor de que su teléfono fuera secuestrado.
El supuesto robo en la planta de San Isidro
Otro de los episodios bajo investigación ocurrió el 11 de mayo, un día antes de la denuncia penal. Ese día, HLB Pharma denunció un supuesto hecho de vandalismo en su planta de San Isidro.
La escena encontrada por la Policía incluía papeles desordenados y grafitis con pintura roja, entre ellos una frase que hacía referencia a los trabajadores de la empresa. Sin embargo, la investigación posterior puso en duda que hubiera existido un robo.
Cuando llegó la Policía Científica para realizar las pericias, nadie abrió la puerta de la planta, pese a que el denunciante, un empleado de seguridad, vivía en el mismo predio.
Además, trabajadores de limpieza declararon que la documentación que se encontraba en las oficinas había sido reunida y arrojada a la basura. Entre esos papeles se encontraban los llamados batch records, registros obligatorios que documentan el proceso de fabricación de medicamentos.
Para los investigadores, el supuesto robo habría servido para justificar la desaparición de documentación relevante.
Un intento de responsabilizar a un empleado
La investigación también detectó un presunto intento de hacer recaer toda la responsabilidad sobre el director técnico de la empresa, Antonio Maiorano.
Según el expediente, los hermanos García habrían intentado que el empleado firmara un escrito en el que asumiera la responsabilidad por las irregularidades. Maiorano se negó a hacerlo y el documento quedó como un borrador sin firma.
El escrito llegó posteriormente a la Fiscalía desde un correo electrónico anónimo, precisamente el mismo día en que se solicitó formalmente la apertura de la investigación.
Todos estos elementos forman parte de la hipótesis de la Fiscalía sobre una maniobra coordinada para eliminar o alterar pruebas después de que se conociera la contaminación del fentanilo.
En ese contexto, los investigadores hablan de un supuesto “manto de cobertura estatal” que habría permitido que las empresas contaran con tiempo suficiente para desplegar las maniobras de ocultamiento, mientras se demoraba la intervención judicial.
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