El reclamo por la situación procesal de Fabrizio Haile se trasladó ayer a las puertas del Fuero Penal de 8 y 56, donde visibilizaron con cartelería un pedido de libertad. El joven, como se sabe, permanece privado de su libertad tras los incidentes registrados en las calles 96 y 6 de Punta Lara, donde junto a su padre, Jose Luis “El Puma” Haile, recuperaron a la fuerza una vivienda que aseguran es de su propiedad.
A través de un comunicado oficial, sus allegados explicaron que la medida de protesta responde a la falta de contacto con el joven desde hace una semana.
En paralelo, los abogados formalizaron el pedido de excarcelación ante el Juzgado de Garantías interviniente, al sostener que los cargos imputados “carecen de sustento para mantener la medida cautelar”.
En ese punto, la estrategia de la defensa busca desvincular a Fabrizio del episodio violento. Asimismo, los letrados aportaron escrituras que acreditarían que la titularidad del inmueble corresponde a la abuela materna del joven, trámite que habilita el inicio de la sucesión en el fuero civil.
En esa misma línea, cuestionaron los elementos probatorios del expediente. Allí, remarcaron que los peritajes médicos practicados a la denunciante no constataron las lesiones descritas en el relato policial y agregó grabaciones de cámaras de seguridad de la zona para rebatir la presencia de menores durante la secuencia.
A su vez, objetaron la restitución del inmueble a la contraparte y denunciaron en sede administrativa a una de las ocupantes por su condición de empleada del Servicio Penitenciario bonaerense.
En tanto, en las últimas horas se supo del ingreso de una denuncia contra la tenedora de la finca, que -según la presentación- habría sido ocupada de manera clandestina y violenta desde aproximadamente 2018 con apoyo de partícipes necesarios.
En el escrito, se solicita que se investigue penalmente a tres agentes de la fuerza y que se determine si existió un aprovechamiento de sus funciones dentro del Servicio Penitenciario.
También pide la apertura de un sumario administrativo, la intervención de los organismos de Asuntos Internos y Transparencia Institucional y, respecto de la principal acusada, se evalúe la posibilidad de una disponibilidad preventiva mientras avance la investigación.
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