El fiscal Álvaro Garganta solicitó la elevación a juicio oral de la causa que investiga al ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio y a varios empresarios por presuntos hechos de corrupción vinculados con la adjudicación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata en el marco de la causa “D’Onofrio, Jorge Alberto y otros s/ Cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y cohecho activo”.
Junto al ex funcionario fueron incluidos en el pedido de juicio la empresa proveedora de tecnología y las empresas concesionarias de la VTV.
Según la hipótesis fiscal, entre marzo de 2023 y enero de 2024 D’Onofrio habría acordado con esas firmas la entrega de beneficios económicos a cambio de garantizarles la explotación del servicio durante diez años.
El requerimiento afirma que las compañías concesionarias abonaban inicialmente un 3 por ciento y luego un 8,5 por ciento de los ingresos generados por la VTV más IVA, y que entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 la intermediaria recibió más de 4.995 millones de pesos.
Para sostener la acusación, la Fiscalía enumeró una extensa batería probatoria que incluye denuncias, allanamientos, documentación secuestrada, informes bancarios, registros societarios, documentación de la licitación pública, movimientos financieros e informes de organismos nacionales y provinciales.
Uno de los puntos centrales del requerimiento apunta a presuntas irregularidades detectadas en la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/23, mediante la cual se adjudicó el nuevo esquema de VTV en 16 zonas de la provincia.
El fiscal sostiene que existieron indicios de direccionamiento para favorecer a las siete empresas que finalmente resultaron adjudicatarias.
La acusación también menciona la constitución de sociedades pocos días antes de la presentación de ofertas, supuestas incompatibilidades de algunos integrantes para participar del proceso licitatorio, ausencia de garantías válidas de mantenimiento de oferta y la inexistencia de competencia efectiva entre las empresas adjudicatarias, ya que, según el fiscal, en las zonas finalmente licitadas no hubo superposición de ofertas entre los ganadores.
En el requerimiento, Garganta sostiene que todos esos elementos permiten sospechar la existencia de un acuerdo previo entre empresarios y funcionarios para direccionar la adjudicación del servicio público de VTV, una acusación que ahora deberá ser analizada por la Justicia antes de definir si el expediente avanza a la etapa de juicio oral.
Como órgano de juicio, el fiscal Garganta sostuvo que debe intervenir un Juzgado del fuero Correccional.
En su resolución, respecto de los descargos de los acusados, el titular de la UFI 11 de La Plata mencionó que “lo han realizo por escrito (lo que ha imposibilitado a ésta Fiscalía realizar preguntas fundamentales)”. Sin embargo, consideró que no alcanzan a rebatir la prueba de cargo hasta el momento recolectada y descripta”.
Por su parte, fuentes judiciales confirmaron que la causa de las fotomultas sigue avanzando con nuevas medidas de prueba.
En ese expediente, el fiscal Garganta tiene en la mira una red de gestores que supuestamente ofrecían descuentos del hasta el 50 por ciento para borrar las infracciones.
Esa maquinaria ilegal, según la descripción que llegó a la etapa de investigación, contaba con la aparente participación de varios jueces de faltas y ex funcionarios del Ministerio de Transporte.
Son varias las pesquisas activas sobre ese oscuro entramado de recaudación.
Como este diario publicó en una edición anterior, al reciente pedido de informes del fiscal federal Paul Starc a Garganta para que le comparta la documentación de una investigación a su cargo, se conoció la existencia de un nuevo expediente en el fuero federal, que puso la lupa en el sistema de las fotomultas.
A través de un oficio firmado por el fiscal Jorge Sica, la fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín le solicitó al Ministerio de Transporte bonaerense un informe “pormenorizado” sobre la incorporación de decenas de municipios al Sistema Único de Administración de Infracciones de Tránsito Provincial (SACIT).
Así, mientras las denuncias judiciales se multiplican, los conductores continúan atrapados en un sistema severamente cuestionado.
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