Una ex empleada de una empresa de venta de artículos para el comercio y hogar, con sistema de pago diario, denunció haber sufrido años de supuestos incumplimientos laborales, hostigamiento durante su maternidad y hasta perjuicios por el cierre sorpresivo de la sucursal donde trabajaba, en Los Hornos.
Según informó el abogado de la trabajadora, Ignacio Barrios, su clienta, Lisanda Dana, ingresó a la empresa el 28 de marzo de 2012 y prestó servicios durante 14 años.
Sin embargo, el pasado 29 de junio, al presentarse a trabajar, encontró el local completamente cerrado, sin notificación previa ni explicaciones.
De acuerdo con la presentación, la empresa mantenía salarios, comisiones y aproximadamente seis meses de aportes previsionales impagos, situación que también habría afectado la cobertura médica de la trabajadora.
Uno de los episodios más delicados relatados ocurrió en 2022, cuando la mujer llevó a su hija recién nacida a su primer control pediátrico y descubrió que la obra social se encontraba suspendida por presuntos aportes no realizados.
Ante esa situación, sostuvo que debió afrontar los gastos médicos de manera particular para garantizar la atención de la bebé y que, pese a reclamar formalmente a la compañía, nunca recibió una solución ni el reintegro.
La acción también describe situaciones de hostigamiento tras su regreso al trabajo luego de la licencia por maternidad. Según el escrito, la empleada volvió a desempeñar sus tareas a los 45 días del nacimiento de su hija y continuó amamantándola, pero afirma que el gerente cuestionaba esa decisión, la presionaba para abandonar la lactancia y le advertía que podía perder su empleo.
Siempre según la denuncia, para conservar su puesto se extrajo leche materna en baños de estaciones de servicio durante la jornada laboral y afirmó padecer episodios de mastitis y haber continuado trabajando pese a tener fiebre.
El abogado manifestó que analiza impulsar acciones judiciales por violencia y discriminación laboral vinculadas con la maternidad y la lactancia, hostigamiento, salarios y comisiones adeudados, además de la falta de ingreso de aportes previsionales.
En ese marco, el letrado indicó que, en el plano penal, se evalúa la posible existencia de delitos vinculados con la apropiación de recursos de la seguridad social y si las amenazas de perder el empleo podrían configurar una situación de coacción.
Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial sobre las acusaciones.
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