Por decisión judicial, tras el escándalo de las historias clínicas de “Don Diego”, que se mezclaron con las de Diego Armando Maradona y fueron utilizados como parte de la documentación analizada por la Junta Médica, el debate en San Isidro, que busca determinar si hubo responsabilidades del equipo de salud en la muerte del ex entrenador de Gimnasia, quedó suspendido hasta el jueves de la semana que viene.
En ese tiempo, hasta la reanudación, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 ordenó secuestrar toda la documentación médica vinculada al caso que se encuentre en la sede central de la prepaga y en el Sanatorio Los Arcos.
El juicio, se sabe, ingresó en un momento clave a raíz de que el análisis es la prueba más importante para los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, quienes imputaron por homicidio simple con dolo eventual al neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni.
El miércoles la Junta Médica Interdisciplinaria, que evaluó la muerte de Diego Armando Maradona, analizó la historia clínica del padre del astro argentino.
Fuentes seguras señalaron que la situación es “un desastre para San Isidro y la Fiscalía”, lo que renueva cierta disconformidad con el desarrollo del debate.
“Seguramente, una vez acreditada la cuestión de Don Diego, se va a trabajar para resaltar qué estudios y conclusiones se apoyaron en esa prueba, para así no caer en una premisa falsa”, explicaron.
Es que el ex técnico del Lobo se encontraba en Dubái en ese momento y adelantó su vuelta a la Argentina para asistir al cortejo fúnebre de su padre llevado a cabo en el Cementerio de Bella Vista.
El fiscal Patricio Ferrari acusó a la defensa de intentar “embarrar” el juicio y, junto con las querellas, impulsó nuevas medidas para obtener la documentación correcta y determinar qué impacto puede tener sobre las conclusiones de los peritos.
Finalmente, el tribunal dispuso los procedimientos y también aceptó que, una vez incorporados los nuevos registros, los integrantes de la Junta Médica que ya declararon vuelvan a ser convocados para determinar si ratifican o modifican sus conclusiones.
De esta manera, se suspendieron las declaraciones de dos psiquiatras: José Luis Covelli, profesor de la segunda cátedra de Medicina Legal de la Universidad Buenos Aires (UBA) y Enrique Gallego, ex jefe del Cuerpo Médico de Morón.
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