La adjudicación de una vivienda social quedó bajo análisis, a partir de una denuncia penal presentada por María Teresa Díaz, quien cuestiona la situación habitacional de los presuntos beneficiarios y reclama que se investiguen los controles realizados por el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, ya que los titulares tendrían otra residencia, que presuntamente le usurparon hace años en Dolores.
La presentación apunta contra un penitenciario bonaerense y su esposa y plantea la posibilidad de que información vinculada con su residencia y situación patrimonial no haya coincidido con las condiciones exigidas para acceder o conservar el beneficio.
Entre las figuras legales mencionadas aparecen, de manera provisoria, una posible defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, sin perjuicio de otras que puedan surgir durante la investigación.
Según la denunciante, distintos testimonios y actuaciones judiciales ubicarían durante varios años al grupo familiar en otro inmueble, que además se encuentra vinculado a un proceso judicial de desalojo, ya que los tenedores -según la presentación- revestirían el rol de ocupantes ilegales.
En una causa incorporada como antecedente, vecinos habrían señalado que el grupo familiar residiría allí. También se menciona un informe de una trabajadora social de la Defensoría Departamental de esa ciudad, quien habría entrevistado al penitenciario en ese domicilio.
La denuncia pone especial atención en determinar cuál era la residencia efectiva de la familia al momento de la adjudicación y durante el período posterior, así como si el Instituto de la Vivienda realizó inspecciones y verificaciones para comprobar que la unidad habitacional fuera ocupada por sus adjudicatarios y mantuviera el destino previsto por el programa.
Otro de los puntos planteados está relacionado con la identificación catastral de la vivienda. La denunciante sostiene que documentación del propio organismo provincial haría referencia a dos nomenclaturas diferentes, por lo que solicita establecer si ambas corresponden a una misma unidad o a inmuebles diferentes y explicar el motivo de esa eventual duplicidad.
La presentación también incorpora información patrimonial, entre ella un registro que señala al funcionario policial como titular de un vehículo modelo 2017.
El dato, por sí mismo, no implica necesariamente una incompatibilidad con un beneficio habitacional, pero la denunciante pide que sea considerado junto con el resto de los antecedentes para determinar cuál era la situación económica del grupo familiar.
Ahora, el pedido apunta a que se incorpore el expediente completo de adjudicación, junto con declaraciones juradas, informes sociales, censos, relevamientos e inspecciones. También se busca establecer si el Instituto de la Vivienda y la Municipalidad de Dolores ejercieron el debido poder de policía.
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