Una joven de 24 años, desocupada y en situación económica precaria, formuló una denuncia penal en contra de un dirigente que integraría las filas de LLA, identificado por sus iniciales como F. N. y que tendría un cargo de asesor, a quien acusó por el delito de extorsión y conductas conexas de hostigamiento.
El escrito fue recibido en la Oficina de Denuncias de la Fiscalía General del Departamento Judicial La Plata y en ese mismo acto la denunciante pidió medidas de protección por temor a represalias.
Según el relato, los hechos se habrían iniciado en abril de 2025, cuando comenzó a militar en una unidad partidaria de LLA en el centro de La Plata. Allí conoció a F. N.
A cambio de ese trabajo, contó que se le habría prometido mercadería como forma de pago. Más adelante, dijo que el denunciado le ofreció gestionar un puesto en la Municipalidad de Berisso, propuesta que le interesó.
Sin embargo, ya con una relación en una etapa de mayor fluidez, la denunciante sostuvo que el acusado le habría comentado que “muchas chicas realizan otro tipo de trabajo: ofrecen servicios sexuales a legisladores”, actividad que -presuntamente le manifestó- dejaba mucha ganancia.
Ante esa situación, como la joven rechazó de plano esa propuesta, comenzó a sufrir aparentes persecuciones y actos de hostigamiento digital.
La denunciante declaró que, al no poder acceder a sus designios, F. N. pasó al plano de la difamación ante otros militantes.
Fue por eso que dejó de compartir ese espacio a fines de 2025 para cortar el contacto, pero empezó -surge de su presentación- a recibir mensajes desde un perfil de Telegram y hasta videos de alto contenido sexual.
La denunciante, por último, explicó que, por información que había recabado, no se trataría de un episodio aislado, ya que otras mujeres supuestamente atravesaron problemas de idéntica matriz.
Ahora será la Justicia la encargada de corroborar los hechos denunciados.
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