El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 83 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso una serie de medidas de protección en favor de una joven platense de 21 años, que denunció a su pareja, futbolista del club Independiente de Avellaneda, por presuntos hechos de violencia de género, en una causa tramitada bajo las leyes de Violencia Familiar y Protección Integral de las Mujeres.
La presentación ingresó ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La víctima, J. S., señaló como agresor a Nicolás Tomás Garrido Aparicio (20), quien milita en la divisional reserva, aunque ya firmó contrato con primera.
Según surge del expediente, ambos mantenían una relación de noviazgo, pero no eran convivientes.
“Viví una situación de violencia de género extrema que necesito contar. Salí con dos amigas y después fuimos a un boliche donde también estaba mi expareja, Nicolás Garrido, jugador del club Independiente de Avellaneda. Durante la noche todo fue normal, no hubo ningún problema. Alrededor de las 5 de la mañana me quería ir, así que él me dio la llave de su departamento para que me adelante mientras él se quedaba un rato más. En ese lapso, sin ningún motivo real, empezó a mandarme mensajes acusándome de cosas que no habían pasado. Me decía que le mentía, que había estado con otras personas y que me iba a un after, algo que nunca ocurrió. Cuando llegué, había avisado a un vigilador para que no me deje entrar. Lo esperé y cuando llegó subimos juntos al departamento”, explicó en contacto con este diario. Ese hecho ocurrió hace pocos días.
“A partir de ese momento empezó lo peor que viví en mi vida. Durante aproximadamente dos horas y media me golpeó de forma constante. Me pegó piñas, me tiró del pelo, me rompió la ropa, me tiró al piso, me pisó la cabeza, me ahorcó y me dejó encerrada sin poder salir ni pedir ayuda. Me sacó el celular para incomunicarme y cada vez que intentaba defenderme o pedir ayuda, me pegaba más. En uno de los golpes me fracturó la nariz. Estaba llena de sangre, el departamento también”, recordó.
“Hubo momentos en los que la situación fue aún más grave, donde realmente sentí que mi vida estaba en riesgo. Yo solo le pedía que parara. Después de más de dos horas, logró calmarse y me dejó ir. Me fui con el cuerpo lleno de golpes, la nariz fracturada, dolor en todo el cuerpo y completamente en shock. Después de eso di aviso a mi familia y realicé la denuncia. Decido contar esto porque no fue una discusión ni un enojo. Fue violencia extrema. Y porque esto no puede quedar en silencio. Lo que viví podría haber terminado mucho peor”, concluyó.
Los especialistas evaluaron la situación como de “riesgo alto” y recomendaron la adopción de medidas de protección. La denunciante solicitó expresamente una restricción perimetral y la entrega de un botón antipánico.
Tras analizar las actuaciones, la Justicia -en tiempo exprés- consideró acreditados, de manera preliminar, los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora y resolvió dictar una prohibición de acercamiento por seis meses contra Garrido Aparicio.
La medida impide al denunciado acercarse a menos de 200 metros de la víctima, de su domicilio en nuestra ciudad, de la sede de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) donde cursa estudios y de cualquier otro lugar donde la joven se encuentre. Asimismo, se le prohibió mantener contacto por teléfono, mensajes, redes sociales o cualquier otro medio electrónico.
El juzgado también ordenó mantener vigente el botón antipánico que ya había sido entregado a la denunciante y requirió la colaboración de la Policía de la Ciudad para intervenir ante cualquier eventual incumplimiento de la restricción, con inmediata comunicación a la Justicia penal en caso de corresponder.
En paralelo, se dispuso que la joven inicie un tratamiento especializado en la problemática de violencia familiar, mientras que el denunciado deberá comenzar de manera urgente un tratamiento para varones en el programa “Buenas Masculinidades”.
En la resolución, se aclaró que las medidas tienen carácter cautelar y preventivo y que no constituyen una declaración de responsabilidad sobre los hechos denunciados, sino una herramienta destinada a resguardar la integridad física y psicológica de la presunta víctima mientras avanza el proceso judicial.
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