Un hombre fue condenado a ocho años de prisión por explotar sexualmente a una mujer a la que había captado mediante una red social con una propuesta que, en apariencia, consistía en producir fotografías y videos de contenido erótico para comercializarlos en plataformas digitales. Sin embargo, detrás de esa oferta había una situación de sometimiento que se prolongó durante más de un año, con amenazas de muerte y advertencias de posibles represalias contra la hija de la víctima cuando manifestó su intención de abandonar la actividad y regresar a su casa.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata, en línea con el pedido que había formulado durante su alegato el fiscal federal Nicolás Czizik, del Área de Transición de la Unidad Fiscal La Plata. El juez Pablo Ezequiel Wilk, que intervino de manera unipersonal, consideró al acusado autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en las modalidades de captación, traslado y acogimiento.
La condena contempla como agravantes que la maniobra se hubiera concretado mediante engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad, además de haberse consumado la explotación. En cambio, el magistrado lo absolvió por el delito de abuso sexual con acceso carnal, por el que también había sido acusado.
Un contacto por redes
De acuerdo con la reconstrucción que quedó acreditada durante el juicio, la historia comenzó en enero de 2023, cuando el ahora condenado se contactó con la mujer a través de Badoo. Para acercarse a ella utilizó el perfil de su propia pareja, una estrategia con la que buscó generar confianza y establecer un vínculo. La víctima tenía entonces 25 años y, según se expuso en el debate, utilizaba esa plataforma con la intención de conocer gente y entablar amistades, sin saber quién estaba realmente detrás de las conversaciones.
Después de varios intercambios virtuales y telefónicos, el hombre pasó a buscarla en un automóvil y la trasladó hasta una vivienda de Ezeiza. Allí, junto con su pareja, le propuso participar en la producción de fotografías y videos de contenido erótico y sexual que luego serían vendidos a través de distintas plataformas digitales. La oferta incluía una promesa económica: recibiría el 50 por ciento de las ganancias obtenidas.
La mujer aceptó, pero la fiscalía sostuvo que esa decisión debía ser analizada dentro del contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba y de las condiciones en las que se había iniciado el vínculo. Con el paso de los meses, la situación adquirió otra dimensión. Desde aproximadamente julio de 2023, comenzó a convivir con el acusado y su pareja en el domicilio donde se realizaban las producciones.
Lo que inicialmente se había presentado como una propuesta laboral y una relación entre tres personas derivó, según la acusación, en un escenario de explotación sexual. La víctima relató que cuando quiso dejar de participar en las grabaciones y regresar a su casa, el hombre comenzó a amenazarla. Le advirtió que podía matarla o hacerle daño a su hija.
La presión no se limitaba a las producciones frente a cámara. También la obligó a seguir colaborando con la actividad mediante tareas de filmación y otras labores vinculadas con la generación de contenido.
La causa se inició el 13 de mayo de 2024, a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 de la Policía bonaerense. Dos días después, por orden judicial, se realizó un allanamiento en la vivienda de Ezeiza donde se desarrollaban las producciones.
El procedimiento permitió encontrar un importante volumen de elementos vinculados con la actividad. Se secuestraron cerca de 40 celulares y tarjetas SIM identificados con nombres de mujeres, una tablet, un DVR, un aro de luz con trípode, juguetes sexuales, preservativos, anotaciones con nombres e importes y dinero en efectivo, entre otros objetos.
Uno de los ejes de la discusión durante el debate fue la versión que presentó el acusado. El hombre negó haber explotado sexualmente a la mujer y sostuvo que los tres mantenían una relación poliamorosa y consentida. Finalmente, el tribunal consideró acreditada la maniobra de trata con fines de explotación sexual y dictó una condena de ocho años de prisión.
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