La investigación por las presuntas estafas vinculadas a loteos irregulares en La Plata sumó ayer dos movimientos simultáneos: por un lado la Justicia ordenó un relevamiento vivienda por vivienda en los desarrollos asociados al “Grupo del Sud” y, por el otro, Nadia Antonella Lima, la última de las cuatro personas buscadas, se entregó en la sede de la DDI local.
La medida quedó documentada en una directiva incorporada a la IPP PP-06-00-002726-26/00, caratulada “C. T. M. F. y otros s/ Desobediencia-Estafa”.
El escrito dispone que personal especializado de la Dirección Departamental de Investigación de La Plata realice un censo individualizado de cada uno de los emprendimientos vinculados al grupo.
El objetivo es “constatar la cantidad de viviendas existentes y de familias que actualmente habitan” en esos desarrollos.
La fiscalía no solicitó un relevamiento general. Por cada predio, los investigadores deberán establecer cuántas viviendas existen; cuántas personas o grupos familiares se encuentran afincados; el tipo y las características de las construcciones; desde cuándo ocupan aproximadamente los inmuebles y en qué carácter lo hacen: propietarios, adquirentes, poseedores, locatarios u otra modalidad.
Cuando se trate de propietarios o compradores, la directiva exige además precisar cómo se concretó la operación inmobiliaria y, cuando corresponda, identificar al escribano o notario que intervino.
El relevamiento se produjo justo cuando la causa dejó de tener imputados prófugos.
La última de las detenidas se negó a declarar, aunque ya adelantó que pedirá su excarcelación
Lima era buscada desde que la jueza de Garantías Marcela Garmendia, a pedido del fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5, ordenó las cuatro detenciones. En un primer momento, los efectivos solo encontraron a Milena del Sol Dell’Aqua, quien fue detenida en su vivienda. Luego se presentaron voluntariamente el empresario Francisco Alberto Vila Basualdo, titular del “Grupo del Sud”, y Eugenia Martínez.
Con la entrega de Lima, los cuatro imputados alcanzados por las órdenes de detención quedaron a disposición de la Justicia, a tres días de los procedimientos desplegados para hacer efectivas las capturas.
Ayer Lima fue indagada en sede fiscal, pero se negó a declarar. Solo trascendió que aguardará la resolución de un planteo excarcelatorio para evaluar si solicita ser citada a una audiencia en la que pueda exponer sus fundamentos.
Según la resolución que habilitó las detenciones, a Vila Basualdo y Martínez se les atribuyen diez presuntos hechos de estafa; a Lima, ocho, en carácter de coautora; y a Dell’Aqua, una participación necesaria en seis.
Martínez, además, quedó imputada por el presunto uso de documentación pública falsa.
Los censos en los loteos buscan traer certezas sobre cómo se constituyó la trama inmobiliaria
Las defensas ya comenzaron a desplegar sus estrategias: Vila Basualdo y Martínez, asistidos legalmente por el abogado Marcelo Peña, se negaron a declarar, aunque ya solicitaron continuar el proceso en libertad.
La pesquisa se concentra principalmente en los emprendimientos Sophenia, ubicado en Arana, y Garden, sobre la ruta 36, entre las calles 425 y 427.
La hipótesis judicial sostiene que se habrían comercializado terrenos ofrecidos como desarrollos inmobiliarios que no reunían las condiciones legales necesarias para ser subdivididos, escriturados o urbanizados.
El expediente busca reconstruir el circuito de promoción, venta, financiación y administración de esos emprendimientos, además de determinar el rol que habrían desempeñado distintas sociedades y personas en cada una de las etapas de las operaciones investigadas.
A principios de año se realizó un operativo con 16 allanamientos en domicilios y oficinas vinculados a distintas entidades. Entre los lugares alcanzados estuvieron las oficinas del Grupo del Sud, ubicadas entonces en calle 37 entre 117 y 118 y actualmente en 51 entre 8 y 9.
Durante esos procedimientos se secuestraron celulares, computadoras, tablets, planos, escrituras y documentación relacionada con las operaciones que quedaron bajo investigación.
Con los cuatro imputados ya localizados, la causa ingresa ahora en otra etapa, marcada por las indagatorias y la incorporación y análisis del resto de la prueba.
El censo ordenado ayer apunta, en paralelo, a precisar un dato que hasta el momento aparecía más estimado que documentado: cuántas personas viven efectivamente en esos loteos, desde cuándo y bajo qué título -o sin él- ocupa cada una de las parcelas.
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