La madrugada del 28 de junio de 1966 quedó grabada como uno de los momentos más oscuros de la historia institucional argentina. Poco antes del amanecer, el general Julio Alsogaray ingresó al despacho presidencial acompañado por otros oficiales y le comunicó a Arturo Illia que había sido destituido. Le exigieron abandonar la Casa Rosada de inmediato para dejar paso al nuevo poder militar.
Aunque aquella escena no estuvo marcada por disparos ni enfrentamientos armados, el intercambio fue tenso. Hubo acusaciones, insultos y una firme negativa del Presidente a legitimar el golpe con su renuncia. Finalmente, Illia fue desalojado por la fuerza junto a sus colaboradores.
Con ese episodio se consumó una nueva interrupción del orden constitucional, una herida que volvería a repetirse en la historia argentina y que abrió un período en el que la violencia política se profundizó hasta alcanzar niveles inéditos.
UN GOBIERNO BREVE QUE DEJÓ UNA HUELLA
Arturo Illia había llegado a la Presidencia apenas tres años antes, luego de las elecciones del 7 de julio de 1963, celebradas en un contexto condicionado por la proscripción del peronismo. Esa situación derivó en uno de los porcentajes más altos de voto en blanco registrados hasta entonces.
La fórmula de la Unión Cívica Radical del Pueblo, integrada por Illia y Carlos Perette, obtuvo el primer lugar con apenas el 25% de los votos. Asumió el 12 de octubre con escasa representación parlamentaria y una oposición política intensa, que condicionó buena parte de su gestión desde el primer día.
Pese a ese escenario, el nuevo presidente definió un programa basado en el respeto por las instituciones, la independencia del Poder Judicial, el fortalecimiento del federalismo, la defensa del valor de la moneda, el impulso a la producción nacional, la revisión de los contratos petroleros y una fuerte apuesta por la educación, la cultura y la integración territorial.
LOS AÑOS DEL CRECIMIENTO
Con el paso del tiempo, numerosos historiadores coincidieron en señalar que el gobierno de Illia mostró indicadores económicos y sociales especialmente favorables.
Arturo Illia había llegado a la Presidencia luego de las elecciones del 7 de julio de 1963
En 1965, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) destacó que el Producto Bruto Interno había crecido un 7,8%, acompañado por una recuperación del empleo, mejoras en los salarios reales y un importante avance de la producción agrícola e industrial. También valoró las negociaciones que permitieron aliviar el peso de la deuda externa ante organismos internacionales.
Pero las cifras no alcanzan para resumir aquellos años. La gestión también impulsó obras estratégicas, como los puentes Corrientes-Barranqueras y Zárate-Brazo Largo, promovió el desarrollo del complejo hidroeléctrico El Chocón-Cerros Colorados, destinó cerca de una cuarta parte del presupuesto nacional a educación, puso en marcha planes de alfabetización, fortaleció la autonomía universitaria y sancionó la recordada Ley de Medicamentos.
EL DESGASTE PERMANENTE
Sin embargo, esos logros convivieron con un clima político cada vez más hostil. Desde distintos sectores comenzaron a multiplicarse las críticas, las presiones sindicales, las tomas de fábricas y los cuestionamientos de grupos empresarios y militares que consideraban agotado el sistema político vigente.
Años después, Carlos Alconada Aramburú, ministro de Educación y Justicia durante aquella administración, recordaría que el gabinete conocía de antemano el desenlace que se aproximaba.
“Sabíamos perfectamente que el golpe iba a suceder”, afirmó en una entrevista concedida a EL DIA en 1996. Según explicó, existía una combinación de conflictos sindicales, intereses económicos y sectores militares que buscaban generar un clima favorable para la ruptura institucional.
No era el único que lo advertía. Para mediados de 1966, buena parte del arco político intuía que el desenlace era inminente.
LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLPE
Mientras el gobierno intentaba sostener la estabilidad democrática, dentro del Ejército ganaba influencia un sector encabezado por el general Juan Carlos Onganía que impulsaba una transformación profunda del sistema político y económico argentino, inspirada en modelos autoritarios como el franquismo español.
La ofensiva se aceleró durante 1966. Los conflictos gremiales se intensificaban, crecían los rumores sobre un levantamiento militar y los sectores legalistas de las Fuerzas Armadas perdían capacidad para contener la conspiración.
La noche del 27 de junio, Illia recibió la noticia del arresto del general Carlos Caro, uno de los jefes militares que permanecía leal al orden constitucional. Fue la señal definitiva de que el golpe estaba en marcha.
EL COMIENZO DE UNA NUEVA DICTADURA
Pese a la presión, Illia decidió permanecer en la Casa Rosada. Se negó a presentar su renuncia y rechazó reconocer la autoridad de quienes buscaban desplazarlo.
Pero en la madrugada del 28 de junio, el desenlace se volvió irreversible. Julio Alsogaray volvió a exigirle que abandonara el poder y, ante una nueva negativa, efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía Federal lo retiraron por la fuerza de la sede del Gobierno.
Horas después, Juan Carlos Onganía asumía la Presidencia de facto e iniciaba la autodenominada “Revolución Argentina”, un régimen que prometía reorganizar el país en tres etapas —económica, social y política— y que, lejos de tener un plazo definido, permanecería siete años en el poder.
SEIS DÉCADAS DESPUÉS
Sesenta años más tarde, el derrocamiento de Arturo Illia sigue siendo un episodio central para comprender la fragilidad institucional que atravesó la Argentina durante gran parte del siglo XX. También invita a revisar el legado de un gobierno que, pese a su corta duración y al permanente asedio político, dejó avances económicos, sociales y democráticos que el tiempo terminó revalorizando.
La imagen del Presidente resistiendo hasta el último instante en su despacho permanece como uno de los símbolos más recordados de la defensa del orden constitucional. A seis décadas de aquella madrugada, la historia continúa recordando que la democracia perdió ese día mucho más que un gobierno: perdió, una vez más, la continuidad de sus instituciones.
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