El Gobierno bonaerense actualizó los valores de la compensación especial por recargo de servicio que percibe el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), aunque la medida generó un fuerte rechazo entre los trabajadores, que calificaron el incremento como una "burla" y aseguraron que mantienen "salarios de miseria".
La actualización fue oficializada mediante el Decreto 704/2026 y establece nuevos montos para la compensación que reciben los agentes cuando deben cumplir tareas adicionales por necesidades del servicio, ante la falta de personal.
Según la normativa, desde el 1° de mayo los valores pasaron de $600 a $900 para las tareas administrativas y de $1.200 a $1.800 para las operativas, que incluyen funciones de seguridad, traslados y refuerzo de guardias.
Desde distintos sectores del SPB cuestionaron la decisión del Ejecutivo provincial al considerar que los nuevos montos "no cubren siquiera el impacto de la inflación" y representan "una falta de respeto" hacia quienes cumplen funciones en las cárceles bonaerenses.
En un duro documento difundido tras conocerse el decreto, los trabajadores sostuvieron que "es una vergüenza lo que pretenden que valga nuestra vida, nuestro riesgo profesional y nuestro cansancio", al tiempo que remarcaron que los incrementos "son valores de miseria" que no reconocen el desgaste físico y mental que implica la actividad.
Además, afirmaron que la compensación se calcula sobre salarios básicos que consideran "por debajo de la línea de pobreza", por lo que, a su entender, la actualización "es una burla técnica y no una verdadera recomposición salarial".
En el reclamo también denunciaron que el Estado continúa utilizando al personal como "variable de ajuste", al sostener que se recurre de manera permanente a los recargos para cubrir el déficit de agentes en lugar de incorporar nuevos trabajadores.
Otro de los puntos planteados es la falta de una compensación para afrontar el costo de los uniformes, cuyo gasto, señalaron, recae sobre los propios efectivos.
Finalmente, cuestionaron al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, al sostener que mientras el Gobierno habla de garantizar derechos, "vulnera los de los trabajadores penitenciarios". En ese marco reclamaron una recomposición salarial, el pago adecuado de las horas extras y mejores condiciones laborales.
"El personal del SPB no es un fusible para tapar la ineficiencia del sistema. Somos profesionales que exigimos respeto. Basta de deshumanización. Queremos salarios dignos y el reconocimiento que merece nuestra labor", concluye el comunicado.
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