El Poder Ejecutivo intensificó los contactos políticos con los sectores de la oposición moderada y confía en neutralizar las convocatorias a sesión especial que promueven distintos bloques en el Congreso. El objetivo de las bancadas opositoras es impulsar una moción contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras los cuestionamientos públicos en torno a su declaración patrimonial.
En los despachos de la Casa Rosada aseguran haber encauzado las negociaciones con las autoridades del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado, lo que restaría el número necesario para habilitar el debate en el recinto. Desde el oficialismo sostienen que, más allá de la viabilidad legal de la medida —dado que voceros del Gobierno aclararon que ante una eventual destitución el presidente Javier Milei podría designar nuevamente al funcionario—, la prioridad actual es contener la escalada del conflicto en el ámbito legislativo.
"Venimos conversando con dialoguistas, los K pueden impulsar lo que quieran pero dudo que lleguen", confiaron fuentes cercanas al jefe de Gabinete respecto a la estrategia parlamentaria. El diagnóstico oficial coincide con la postura de un sector del radicalismo que prefiere postergar una definición drástica hasta la concurrencia del ministro coordinador al Parlamento, prevista para mediados de año. "Entendemos que es apresurado. Primero queremos escucharlo en julio y después veremos", señaló un referente de la UCR.
La situación presenta mayores niveles de paridad en la Cámara de Diputados, donde las bancadas opositoras convocaron a una sesión especial para el próximo 23 de junio. Quienes promueven la iniciativa reconocen la complejidad para alcanzar el quórum de 129 legisladores necesarios para iniciar la jornada, aunque estiman contar con un piso cercano a los 120 adhesiones.
El escenario judicial y político se complejizó luego de que el propio Adorni manifestara públicamente que parte de sus activos declarados provenían de ahorros previos colocados en plataformas digitales que no habían sido asentados con anterioridad. A partir de allí, se activaron diversas iniciativas en la Cámara Baja, entre ellas un pedido de interpelación del diputado Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre, al que se acoplaron propuestas en el mismo sentido del Frente de Izquierda y del peronismo. De igual modo, la bancada de Unión por la Patria en el Senado formalizó un proyecto para exigir la presencia del funcionario en un plazo de siete días.
Desde el punto de vista constitucional, el procedimiento para remover al jefe de Gabinete exige un consenso amplio que hoy la oposición no tiene garantizado. El texto normativo determina que el voto de censura requiere de la aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, lo que equivale a 129 votos en Diputados y 37 en el Senado de la Nación.
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