El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para determinar si las ocho direcciones de bitcoin presentadas por Manuel Adorni permiten justificar el origen de 591.544 dólares declarados como “venta de activos”. El objetivo es establecer si el exjefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, controlaba esas direcciones entre 2014 y 2018, el período en el que se registraron las operaciones bajo análisis.
El requerimiento incluye un informe de 29 puntos dirigido al Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal. Las consultas apuntan a reconstruir los movimientos de los fondos, evaluar la posibilidad de identificar a quienes realizaron las transacciones y determinar los alcances de la documentación aportada por la defensa.
Las medidas se suman a las ordenadas la semana pasada para reconstruir los ingresos laborales de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Con esa información, la fiscalía busca establecer si ambos pudieron reunir ahorros suficientes para iniciar las inversiones en criptomonedas con las que el exfuncionario explicó el incremento de su patrimonio.
La prueba con las claves
En un procedimiento realizado ayer en la fiscalía, en Comodoro Py, se verificó que la defensa dispone de las claves privadas correspondientes a las ocho direcciones. Sin embargo, esa comprobación no permite establecer desde cuándo las tiene ni quién las utilizó durante el período investigado.
La prueba consistió en la firma de mensajes de verificación. Personal de la fiscalía redactó un texto en el momento, denominado “mensaje de desafío”, que luego fue firmado mediante las claves privadas de cada dirección desde una computadora aportada por la defensa.
Los abogados llevaron un sobre cerrado con las claves, que Adorni habría entregado previamente a un escribano. Durante la operación, las claves no quedaron expuestas a los presentes ni fueron filmadas, para preservar la seguridad del acceso.
Después, técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal verificaron cada dirección, el mensaje y la firma obtenida. Los datos coincidieron en los ocho casos. Como el texto había sido elegido por la fiscalía durante el procedimiento, las firmas no podían haberse preparado con anticipación.
El resultado acreditó la disponibilidad actual de las claves, aunque dejó pendiente la cuestión central de la investigación: si Adorni administró esas direcciones entre 2014 y 2018.
Según la presentación del exfuncionario, los casi 600.000 dólares declarados como venta de activos provinieron de ocho operaciones de venta de bitcoins realizadas cara a cara, en las que recibió dólares en efectivo.
Para examinar esa explicación, Pollicita solicitó información sobre los 41 movimientos registrados en la cadena de bloques de bitcoin entre el 21 de octubre de 2014 y el 11 de septiembre de 2018. Las direcciones quedaron sin saldo entre marzo de 2017 y 2018.
Entre las consultas, el fiscal pidió determinar si los movimientos pudieron ser realizados por una misma persona y si es posible descartar la participación de intermediarios. También busca conocer si existen registros de las conexiones desde las cuales se enviaron las transacciones y qué mecanismos utilizaban las plataformas para identificar a sus clientes.
Otro punto del requerimiento apunta a establecer quién aportó los fondos que ingresaron en 2014 a cinco de las ocho direcciones, en las que no se observa contacto con plataformas de intercambio.
Quién controlaba las direcciones
La fiscalía también consultó qué reglas regían para las operaciones con criptomonedas entre 2014 y 2018 y si existía obligación de conservar registros.
Una de las distinciones que deberán analizar los especialistas es si las direcciones estaban bajo custodia de una plataforma, que pudiera contar con datos de sus clientes, o si eran de autocustodia, administradas directamente por quien poseía las claves privadas.
Pollicita quiere saber, además, si es posible determinar cuándo y quién generó esas claves y si podían conservarse en papel sin dejar rastros digitales. El informe deberá evaluar si los registros disponibles son compatibles con que Adorni haya controlado las direcciones durante su actividad y si existe evidencia que permita atribuir ese manejo a otra persona.
El procedimiento de verificación quedó documentado en un acta y mediante una filmación que preservó las claves. Los archivos fueron resguardados con códigos digitales que permiten detectar alteraciones posteriores y almacenados en dispositivos dentro de sobres lacrados y firmados por las partes.
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